Honduras rechaza señalamiento de estado 'narco' por parte de fiscalía de Nueva York

Tras ser acusado de estado narco por la fiscalía de Nueva York, el canciller de Honduras ha rechazado los señalamientos.

El jefe diplomático de ese país, Lisandro Rosales, dijo que el juicio contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, "se hizo una referencia al Estado de Honduras como una sofisticada acción organizada desde el gobierno de Honduras para distribuir cocaína".

Son cuatro los delitos de narcotráfico contra Tony Hernández, también exdiputado de 41 años, quien fue detenido en Miami el pasado noviembre. Podrían condenarlo a entre cinco años de cárcel y cadena perpetua este jueves, día para el que se espera la sentencia del jurado.

Rosales indicó que el gobierno envió dos notas al Departamento de Estado en el sentido de que "no tiene que ver el Estado de Honduras" en acciones individuales del hermano del presidente.

"No hay ninguna justificación para que Estados Unidos, a través de este proceso, esté atacando la legitimidad de un gobierno aliado, fomentando la desestabilización política y facilitando el querer tomar el poder por la oposición radical", señaló.

Cinco excapos de la droga presentados por la fiscalía como testigos en el juicio involucraron al presidente Hernández como coconspirador para el tráfico de cocaína desde los países productores de Sudamérica a Estados Unidos.

Entre otros señalamientos, los excapos aseguraron que entregaron dinero para la campaña del presidente Hernández, y que el mexicano Joaquín Chapo Guzman, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, también lo hizo.

Uno de los testigos aseguró que temían a Tony Hernández porque disponía de la policía y del ejército hondureño para sus operaciones de transporte de drogas, que venía en paquetes con sus iniciales "TH" impresas en laboratorios en Colombia.

El presidente de Honduras ha dicho que todo se debe a una 'venganza' de narcotraficantes que fueron extraditados o se entregaron a la justicia estadounidense. 

Rosales aseguró que "el gobierno de Honduras no quiere tener injerencia alguna en el caso del acusado". (I)