Durante la entrevista, Sandra Jiménez se debate entre la rabia y la impotencia por cómo la justicia ha manejado la investigación sobre la muerte de su hermano Froilán, policía que murió de un balazo hace 9 años, en el 30S, cuando formaba parte del “escudo humano” que sacó a Rafael Correa del Hospital de la Policía.

También explica el dolor familiar, mientras las lágrimas le caen por sus mejillas, sin que ella haga mayores gestos, sino apenas secarse con una servilleta. La primera indagación previa duró más de 8 años y lo más increíble, dice ella, es que la cerraron para iniciar otra. “La pregunta es qué y a quién están protegiendo”.

A nueve años del 30S, ¿cómo está el caso de su hermano?

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Con mucha impotencia y tristeza, el caso está desde este mes nuevamente en etapa de indagación previa.

¿La primera indagación duró desde el 2010 hasta el 2019?

Ocho años, ocho meses. Nosotros creemos que no hubo objetividad en la justicia porque había personas que ocupaban altos rangos involucradas, como ministros, coroneles y el propio expresidente Rafael Correa.

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¿Se los quiere proteger?

Así es. Allí hay que tener claro el rol protagónico de las Fuerzas Armadas en el supuesto rescate del presidente (Rafael Correa). Los militares no salieron por convicción propia, sino que cumplieron una orden. La pregunta es de quién.

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¿De quién?

Nosotros queremos saber de dónde vino esa orden. En la etapa de instrucción fiscal (que duró pocos meses) fueron vinculados cuatro militares que estaban detrás del jeep rojo desde donde salió el disparo que acabó con la vida de mi hermano. Ellos dijeron en la Fiscalía que nunca se perdió la cadena de mando militar, que siempre estuvieron dirigidos por alguien y que se les ordenó ir con armamento de guerra.

¿Orden del ministro (Javier Ponce, en esa época) y del presidente?

Exacto. Allí entra la responsabilidad de los altos mandos. Siempre fue esa nuestra tesis, porque hemos estado tras el caso sin desmayar. Actualmente, hay 39 cuerpos legales. Al inicio, venía cada mes a la Fiscalía para dar seguimiento a las diligencias o impulsos fiscales. Tuve acceso a tres informes periciales sobre la trayectoria balística y de quién usa esta munición en los que se establece que la bala salió de un jeep rojo que estaba frente al hospital de la Policía y de uso exclusivo de los militares. Cuando se enteró de este informe Rafael Correa dijo que era una porquería; sin embargo, está en el proceso.

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Si hay las pruebas que usted dice, ¿por qué cree que el caso estuvo más de 8 años en indagación?

En diciembre del 2010, el Consejo de Seguridad Nacional tomó la decisión de declarar reservado el caso. Cuando eso pasó, yo salí a los medios a pedir que se lo desclasifique, porque no puede ser reservada la muerte de un servidor policial cumpliendo su deber. El expresidente dijo que se desclasificaría, pero fue mentira. Jamás se desclasificó lo clave del caso: la nómina de los militares que participaron y el informe del operativo presentado por las Fuerzas Armadas.

Otra vez: ¿para proteger a alguien?

Una vez que se declaró reservado, la Fiscalía decía que no puede ir más allá, que no podía acceder a información clasificada. Se han pasado 10 pedidos a la Presidencia y dos cartas a Lenín Moreno para que se levante la reserva, pero no hemos tenido respuesta.

¿El Gobierno actual también le pone candado al caso?

Mire, los ocho fiscales que estuvieron frente al caso de mi hermano hoy siguen en los altos puestos; la ministra de Justicia de ese entonces, Johanna Pesántez, ¿qué cargo ocupa ahora? (actualmente, es secretaria jurídica de la Presidencia). Discúlpeme, pero no hay cambios, siguen los mismos. A la final, van a seguirse protegiendo. ¿De qué justicia estamos hablando? Hemos pedido audiencia con el presidente Moreno y la fiscal general y nadie nos ha dado una respuesta. ¿Qué pasó con Carlos Baca Mancheno? Pasó de la Comisión del 30S (creada por Correa) a ser fiscal general. En el 2016 fuimos a la Fiscalía para acceder al expediente y la asistente nos dijo que, por orden del presidente Correa, la Comisión del 30S se había llevado los expedientes. Se los llevaron, como si se llevaran un esfero.

¿Lo denunció?

Aproveché una invitación en 2016 a participar en un cambio de guardia y le reclamé al presidente por los documentos. Se molestó y llamó a Galo Chiriboga (entonces fiscal general) para contarle de nuestro reclamo.

¿Y Chiriboga qué les dijo?

Que ya les vamos a mostrar... Fue prepotente. Si los tenía la Comisión del 30S significa que ellos sabían toda la verdad.

Hay una nueva indagación, el gobierno de Correa ya se terminó y el de Moreno está por finalizar. ¿Eso no le da esperanzas?

Cuando murió mi hermano nos arrancaron una parte del corazón. Hasta ahora hemos sobrevivido, pero es un dolor que no lo vamos a superar jamás. A veces nos toca salir de la Fiscalía y sentarnos a llorar. Pero esta es una ventana para que el país sepa qué clase de justicia tenemos.

Froilán se formó para servir al país. ¿Qué idea de país tienen ustedes hoy?

Él peleó por un país de paz, de seguridad, pero es un país lleno de corrupción, donde prevalece el poder político. Si usted tiene un buen enganche político, puede llegar a un buen puesto o acceder a la justicia, pero si es ciudadano común, como nosotros, olvídese. Somos víctimas.

¿Quieren que se cierre el caso y demandar al Estado?

Cierren como cierren el caso, como se cometieron tantos errores, podemos demandar al Estado ante organismos internacionales. ¡Tuvimos una etapa de indagación previa que duró 8 años y medio! Crearon una bola de nieve que tarde o temprano se irá en su contra. (I)

Una vez que se declaró reservado, la Fiscalía no podía acceder a información. Se han pasado 10 pedidos a la Presidencia y dos cartas a Lenín para que se levante la reserva, pero no hemos tenido respuesta”, Sandra Jiménez.