El peso del incentivo jubilar creció tras reformas legales

La indemnización por jubilación, que en estos días enfrenta al Gobierno y jubilados del sector público, y que incluso se ha convertido en una causal para impulsar un juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pasó de tener un peso de $ 30 millones en 2008 a $ 500 millones en 2013 y luego a generar una deuda de unos $ 1.200 millones.

Luego de que la semana pasada fracasaran los intentos de acuerdo con el régimen, ayer en la tarde se esperaba el anuncio de una decisión (recuadro).

Es que durante el régimen correísta se reformó la normativa pasando de un pago por una sola vez de cuatro Remuneraciones Básicas Unificadas (RMU) (art. 133 de la Losca) a un beneficio de cinco Salarios Básicos Unificados (SBU) por cada año de trabajo (art. 128 de la Losep).

Así, en pocos años, el presupuesto para este pago (que se dio por jubilación obligatoria e incentivo jubilar) creció exponencialmente. Para 2013, el monto ya excedía los $ 557. Sin embargo, para 2014, 2015 y 2016 (cuando ya no existían la misma liquidez en la economía), no hubo dinero que alcanzara para los pagos y estos simplemente se difirieron.

Así, actualmente, jubilados desde el 2008 reclaman ciertas diferencias y pagos totales que el Gobierno busca hacer en bonos, pero que las personas de la tercera edad rechazan, por preferir el efectivo.

La idea de aumentar esa indemnización se cristalizó, en primera instancia, en la Constituyente del 2008. En su mandato 2, se resuelve incrementar este monto a siete SBU por año de trabajo, hasta un monto total de 210 SBU.

En la Constitución, en la disposición vigésimo primera, queda establecido que se pagará 5 SBU, sin sobrepasar el tope de 150 SBU en total.

Frente a la pesada responsabilidad financiera, en 2015 se intenta controlar su crecimiento y se indica que el cálculo ya no se hará en base al SBU vigente, sino que se lo congela a la base del 2015 y además ya se establece la posibilidad de pagarlo a través de bonos. En el reglamento de la ley también se indica que se podrán hacer los pagos en bonos cuando no exista presupuesto.

A más del incremento, en estos días, la Contraloría dio cuenta de una serie de irregularidades encontradas en proceso de desvinculación por jubilación del personal docente de instituciones fiscales, en el Ministerio de Educación y entidades relacionadas.

La semana pasada se leyó el borrador del informe. Según el texto, que examinó un periodo entre 2013 y 2018, hubo errores de pagos tanto en exceso como en perjuicio de los jubilados. Entre los hallazgos se indica que hubo pagos en exceso a 61 docentes por $ 450.122 y pagos en menos a 7 docentes por $6.978.

Asimismo, se indicó que los funcionarios correspondientes no remitieron expedientes de pagos a 181 docentes jubilados por $ 8’431.637. (I)