Actualizado a las 11:50

Un total de 1.200 policías y 1.500 militares acompañados de al menos 20 fiscales ingresaron esta madrugada a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, para retomar el orden y la seguridad en una zona en la que a partir de la explotación minera ilegal y artesanal se estaban generando varios delitos.

La operación llega a solo horas de que el presidente de la República, Lenín Moreno, decretara el estado de excepción para el área. En rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, refirió que la intervención abarca toda la parroquia, cuya extensión es de 433 kilómetros cuadrados y con una población de 1.890 habitantes. 

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No obstante, dijo la funcionaria, las acciones también se extenderán en los alrededores de la zona para evitar que se abran nuevas bocas de mina ya que hay vetas expuestas. 

El ingreso de policías y militares se inició entre las 04:30 y 05:00 de este martes. La acción no solo tendrá como objetivo controlar las actividades ilícitas de recursos mineros, sino también la desarticulación de grupos armados irregulares que se habrían desarrollado alrededor del tema minero para sostenerlo como para lucrar del mismo. 

BOLETÍN DE PRENSA | Sobre el operativo conjunto de policías y militares que se aplica en la parroquia de Buenos Aires en Imbabura.

Romo manifestó que durante el 2018 fueron desarticulados 65 grupos delictivos y en lo que va del año otras 27 agrupaciones delictivas han sido desarticuladas. En esos dos años se ha aprehendido a 859 personas vinculadas a varios delitos.

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De ahí que, sostuvo la secretaria de Estado, señaló que no hay una omisión del Estado en torno a ejecutar acciones en la zona, pero reconoció que la magnitud de la situación ha obligado a una intervención global. 

Once delitos, además de minería ilegal

Según las autoridades, al menos once delitos paralelos a la minería ilegal habrían sido detectados por operaciones básicas de inteligencia. Entre estos estarían trata de personas, homicidios, explotación sexual y laboral, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, entre otros.

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En la zona afectada ya existía presencia policial y militar. Días atrás se realizaron controles en la vía para evitar que ingresen alimentos a la zona y así intentar desincentivar la permanencia de personas que buscan explotar de manera artesanal rocas con mineral. 

Aquí la @PoliciaEcuador en el asentamiento que se conoce como la “Ciudad de Plástico”.#BuenosAires #SeguridadCiudadana pic.twitter.com/SYpYruN6lN

Junto a la ministra del Interior estuvo el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; Roque Moreira, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros funcionarios. 

Consultado sobre si en la zona de Buenos Aires las organizaciones delictivas que operan en el sitio son grupos guerrilleros de Colombia, el ministro Jarrín señaló que se trata de delincuencia organizada. 

"El hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pase al Ecuador, ya no se llama guerrilla en el Ecuador, porque el propósito tiene otro significado en su país. Aquí no hay ni guerrilla, ni grupos armados organizados. Esos términos corresponden a otro nivel", remarcó el secretario de Estado.

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Antecedentes de violencia

En las últimas semanas se han producido hechos de violencia como tiroteos y el asesinato de un hombre no identificado, presuntamente colombiano, lo que motivó que el presidente decretara estado de excepción en esa zona.

En el último año, cientos de personas se han trasladado hacia Buenos Aires, un pequeño pueblo de 1.890 habitantes, motivados por las grandes reservas de oro en medio de las montañas, que evidencian una gran devastación.

Según datos del Gobierno, en el lugar actualmente estarían asentadas unas 10.000 personas que se dedican a la minería ilegal, así como grupos armados, que intimidan a la población, y bandas criminales dedicadas a la trata de personas y explotación sexual, entre otros delitos.

Recientemente, un enfrentamiento entre estos grupos provocó la muerte violenta de algunas personas, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido determinar el número de fallecidos.

Desde fines de 2017, cuando se supo que había yacimientos auríferos en ese sitio y se produjo una estampida de mineros ilegales, las autoridades estiman que se han extraído 3.462 toneladas de material mineral y se han desarticulado 92 grupos delictivos.

Esta mina ilegal es conocida también como “la ciudad de plástico” debido a que los mineros han levantado precarias tiendas con techos plásticos para protegerse de las inclemencias de la montaña.  (I)