El financiamiento ilegal de campañas electorales en Ecuador se ha paseado por los pasillos del Consejo Electoral (CNE) como un elefante al cual, sin embargo, nadie ve y, peor, atrapa. Una es la contabilidad que se registra de manera oficial y otra la que, fuera del control estatal, administra los aportes reales que llegan a buena parte de las candidaturas.

Lo reconoce su máxima autoridad: “A simple vista, hay campañas impresionantes, que no se equiparan, por simple contabilidad, al monto del gasto que se autoriza... Se lo puede ver por la cantidad de afiches, publicidad, artistas, conciertos....”, señaló a EL UNIVERSO la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

En cada elección, el organismo fija un monto máximo de gasto electoral y, en teoría, revisa los recibos e informes que presentan las organizaciones políticas. Así lo dispone el Código de la Democracia. Sin embargo, ni se respeta lo primero ni se cumple lo segundo.

La revelación de los portales Mil Hojas y La Fuente, bajo el nombre de Arroz Verde, sobre un millonario esquema de financiamiento de Alianza PAIS en el periodo correísta a través de aportes de empresas locales y multinacionales (como Odebrecht), puso nuevamente en discusión la verdadera dimensión de los dineros que ingresan a las campañas.

Publicidad

La mirada de la prensa y de los políticos se ha enfocado desde entonces, exclusivamente, en las cuentas de la Revolución Ciudadana, pero las inconsistencias alcanzan a muchas más tiendas políticas.

La información oficial es incompleta y contradictoria. Según el artículo 212 del Código de la Democracia, el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos, a través de la página oficial de internet del Consejo Nacional Electoral, que permita la consulta y supervisión oportuna por parte de la ciudadanía”.

En el portal, sin embargo, constan apenas los balances (sin notificación de origen o justificación de gastos) de quince partidos y movimientos; de estos, ocho no presentaron los reportes que la ley ordena.

Además, el sitio publica las cuentas de los binomios que participaron en las presidenciales del 2013. Allí se puede observar que las ocho parejas de aspirantes tuvieron un tope de $ 1,7 millones cada una, pero reportaron gastos que no llegaron ni al 10% de ese límite (con excepción de AP y el Prian, que bordearon el millón).

Esos son todos los datos a los que la ciudadanía tiene acceso mediante internet. “Las organizaciones presentan sus informes y facturas. Y eso es lo que tienen”, dijo Atamaint.

Pero en su despacho también reposan dos memorandos internos de la Dirección de Fiscalización del CNE, elaborados el pasado 11 de marzo, en los que se muestra que el organismo tiene represada desde el 2012 –sin revisión ni aprobación del pleno del Consejo– una lista de informes sobre el monto, destino y origen de los recursos privados usados en campaña por 18 partidos y movimientos políticos.

Publicidad

¿Esos informes tienen observaciones? Seguramente, respondió la titular del CNE.

Según Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el control del financiamiento político “tal como está planteado es un saludo a la bandera”.

La autoridad electoral, subrayó, solo juzga y cierra lo que le dicen los sujetos políticos. “La consecuencia es lo que estamos viviendo: cosas tan ridículas como campañas que todos sabemos que cuestan millones de dólares y que pasan en el órgano de control como si costaran apenas unos cuantos cientos de miles”. 

Más discursos y menos transparencia

El 11 de diciembre de 2017, el contralor subrogante, Pablo Celi, ordenó auditar el uso del dinero del Fondo Partidario Permanente (dinero del Estado) entregado a Alianza PAIS entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de noviembre de 2017. Ha pasado más de año y medio, pero ese informe no se ha hecho público, a pesar de que fuentes del organismo de control confirmaron que ya fue aprobado.

Hasta el cierre de esta edición, el documento no se había subido al sitio web de la Contraloría, como pasa con todos los informes aprobados.

La Contraloría es uno de los organismos citados en el Código de la Democracia que complementan el control del financiamiento de las campañas, específicamente en lo que se refiere a asignaciones estatales.

También tienen responsabilidad en la vigilancia el Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), cuyos reportes podrían servir para que se conozca la identidad, las relaciones y los montos de los financistas reales de las campañas. Sus alertas, sin embargo, son eventuales y cuando las hay se mantienen en reserva, sin que los ciudadanos puedan conocer quién paga las cuentas de sus candidatos.

El consejero Luis Verdesoto considera que una reforma es urgente. Propone que un “fedatario electoral” verifique los reportes enviados al CNE, en coordinación con los demás entes de control. ¿Cuándo enviarán la reforma, que la anunció hace unas semanas? La estamos completando, dice. ¿Hay plazos? No.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, se suma, pero al igual que el resto de consejeros, no concreta. “Hay muchos vacíos en el Código. No nos hemos sentado a comentar aún, pero hay muy buenas ideas”, dijo.

Código de la democracia.- Prohibido regalos e inagurar obras

Los candidatos y organizaciones políticas no podrán entregar regalos o donaciones a los ciudadanos (art. 204). Existe un informe del consejero Luis Verdesoto en el que se describe esa práctica en varias zonas, en las últimas elecciones. En tanto, quienes ejerzan una función pública y sean candidatos no podrán participar en inauguración de obras financiadas con fondos públicos. Tampoco podrán contratar publicidad para promocionarlas (art. 207). El CNE conoció varios casos de campaña anticipada con dinero privado y del Estado. (I)