El 51% de adultos dice tener una cuenta bancaria, pero solo el 12% haber accedido a un crédito. Los porcentajes son bajos si se compara con Chile, donde el 77% de adultos tiene cuenta y hay incentivos: desde el nacimiento cada chileno tiene una cuenta de ahorros del banco del Estado.
Ecuador está por debajo de los países de la región en la red de aceptación de pagos y compras sin efectivo en tiendas de barrio o alejadas de la ciudad, pues hay dificultad en vincular a pequeños comercios a estas prácticas más tecnológicas por los costos que representan los descuentos y retenciones tributarias. Así, aquí hay 75 lectores de tarjetas por cada 1.000 adultos, Brasil llega a 275 por cada 1.000.
Tampoco saca buena nota en indicadores de profundización financiera (crédito comparado con el PIB). Alcanza el 37,7%, el penúltimo puesto, solo supera a Perú que tiene 35%. En tanto que Brasil tiene 111%.
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Esos son los resultados no alentadores al medir el acceso a servicios financieros y el uso que puede hacer de estos, en un estudio técnico contratado por la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (Asomif) sobre la inclusión financiera en el Ecuador.
Beatriz Marulanda, de Marulanda & Consultores, expuso el diagnóstico y recomendaciones para promover la inclusión financiera, pues ayuda a la población que no ha tenido acceso a mejorar su posibilidad de enfrentar problemas económicos y a ser más productiva.
Una herramienta importante para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes nunca lo han tenido, agrega, ha sido la cuenta básica.
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Pero la norma ecuatoriana continúa siendo demasiado rígida. El 3 de abril, en el Registro Oficial se acaba de publicar una nueva normativa para la cuenta básica.
Para Marulanda, si bien en las reformas se permite la vinculación digital (antes exigía la presencia de la persona en agencia, lo cual lo hacía costoso) y le han dado flexibilidad, se mantienen controles tarifarios e intereses para esas cuentas, y al ser una cuenta solo transaccional no se debería considerar ese pago, opina.
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Otro punto débil, agrega, es el pago electrónico. Ahora se preparan los productos BIMO y BICO, que aún no se concretan por falta de definición en el tema de las tarifas.
Piensa que los controles tarifarios son un desincentivo para que la banca considere atractivo ese negocio, pues debe hacer importantes inversiones y busca rentabilizarlos. Y ya se ha comprobado, en toda la región, que este tipo de negocio no despega mientras no haya flexibilidad.
Un ejemplo es el microcrédito. Desde que se estableció una política de control de tasas, el monto de los créditos mínimos ha subido y ha dejado de ser accesible para quienes pueden pagar menores cantidades.
Fidel Durán, presidente de Asomif, comenta que se ha invitado al Gobierno y gremios financieros para reunirse en una mesa de inclusión financiera. El estudio será un insumo. (I)
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