Suicidio de Alan García destapa debate en Perú

Peruanos despedían ayer al expresidente Alan García en la sede del partido político que lo llevó dos veces a gobernar el país. Hoy será incinerado.

García se suicidó de un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo en el marco de una pesquisa por el caso Odebrecht.

El suicidio del expresidente peruano divide al país y suscita críticas contra la Fiscalía por su política de pedir prisiones preventivas a los investigados por el escándalo por Odebrecht.

El partido atribuye el suicidio de García a un acoso de sectores de la prensa y de la Fiscalía especial LavaJato/Odebrecht con respaldo del presidente actual, Martín Vizcarra.

El Ministerio Público abrió una investigación contra los dos fiscales que participaron en la detención de García. “Se ha seguido estrictamente el protocolo”, replicó el fiscal especial Rafael Vela.

Por el escándalo de Odebrecht, también son investigados los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, este último está detenido.

“Ha habido un exceso”, señaló el congresista Víctor Andrés García Belaunde, del partido Acción Popular.

También hay expresiones de rechazo al suicidio porque dejan abiertas denuncias contra García. “Murió en su ley, sin responder ante su país, la justicia, ni la ley”, tuiteó la activista Mónica Sánchez.

“Lo primero que cabe es exigirle a la Fiscalía y al Poder Judicial que ahonden y culminen las investigaciones vinculadas a su persona”, dijo el analista Juan Carlos Tafur al diario La República.

La ONG Amazon Watch señaló en una declaración que “se suicidó para evitar un mayor escrutinio del sistema de justicia de Perú”, en alusión a denuncia contra García por la represión en el caso Baguazo, que dejó 33 muertos.

“Curiosamente, ahora que los políticos poderosos o los empresarios ricos están sujetos a ese mismo tipo de trato, de repente se está debatiendo este tema”, dijo José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

En América Latina es común que los presos, incluso acusados de delitos menores, sean retenidos durante meses o años antes de que se presenten cargos en su contra o se inicie un juicio. Es un tema contra el que los abogados de derechos humanos han clamado durante años y que ahora está recibiendo más atención debido a que los expresidentes o líderes políticos de alto perfil se encuentran en una posición similar. (I)