Los grupos hoteleros parisinos aplaudían este lunes una nueva ofensiva de las autoridades municipales contra la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, que se enfrenta a una multa de 12,5 millones de euros por alquiler ilegal de viviendas.

El gobierno francés ha endurecido gradualmente los controles que pesan sobre la plataforma con sede en San Francisco, a la que muchos culpan de la reducción de número de viviendas disponibles en la capital francesa y del alza de los precios de las mismas.

Según una ley aprobada en 2018, las personas que deseen alquilar sus viviendas por esta plataforma deben declarar el alquiler ante las autoridades fiscales francesas e indicar su número de registro en los anuncios. Además, si se trata de una vivienda principal, la propiedad no puede ser alquilada más de 120 días al año.

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El ayuntamiento de París presentó el viernes pasado una demanda contra Airbnb por haber publicado 1.000 anuncios de alquileres sin número de registro. La plataforma se enfrenta a una multa de 12,5 millones de euros (14 millones de dólares).

El Grupo Nacional de Hoteles y Restaurantes Independientes (GNI) y la asociación de la industria hotelera AhTop aplaudieron la medida, destacando que es una "señal fuerte" para los parisinos.

"Al exigir el pago de 12,5 millones de euros, la alcaldía de París reafirma su deseo de continuar la lucha contra los efectos perjudiciales de estas plataformas", señalaron en un comunicado.

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La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, advirtió el domingo que tenía la intención de adoptar una postura dura con respecto a la empresa estadounidense, líder del mercado en el sector del alquiler vacacional.

"No tengo nada en contra de que los parisinos alquilen sus casas por unos días al año para ganar un poco de dinero extra", dijo al semanario Le Journal du Dimanche.

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"El problema es la gente con múltiples propiedades que alquilan todo el año a los turistas sin declararlo y las plataformas son cómplices de esto", agregó.

Según una legislación de 2018, denominada "ley Elan", las plataformas de alquiler de viviendas están sujetas a una multa de 12.500 euros por cada anuncio que no respete el requisito de contar con un registro.

Otras ciudades, como Ámsterdam, Barcelona, Berlín y Nueva York, han lanzado batallas similares contra la popular plataforma. (I)