El Gobierno partió de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción para la creación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República.

Este es el primer considerando del Decreto Ejecutivo 665, con el que el presidente Lenín Moreno creó esta entidad el pasado miércoles.

Además, entre las siete atribuciones que le da a esta entidad, también establece articular con la Cancillería la implementación de los acuerdos internacionales existentes que hayan sido adquiridos por Ecuador a favor de la lucha contra la corrupción.

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Pero el seguimiento de las disposiciones de los convenios y tratados internacionales suscritos por el Ecuador en este tema no se queda en texto de este decreto ejecutivo.

Días atrás, el ahora secretario Anticorrupción, Iván Granda, informó de la creación del Grupo de Enlace Institucional para la Recuperación de Activos (Geira), como parte de la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas en contra del Delito (Onuc) y en el marco de la cooperación entre la ONU y el Banco Mundial (grupo denominado Star).

Geira trabaja bajo la coordinación de Diana Salazar, titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Se reúne y establece lineamientos, políticas públicas anticorrupción para romper con discrecionalidad y establecer manuales de procedimiento.

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El Grupo está compuesto por Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, UAFE, Presidencia de la República y Cancillería.

Otras atribuciones de la Secretaría son proponer directrices para la generación de políticas públicas y acciones que faciliten la denuncia de actos de corrupción de alto impacto cometidos en la administración pública, realizar el seguimiento de las acciones en contra de los actos de corrupción cometidos en la administración pública.

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Coordinar la cooperación entre las instituciones de Gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todos aquellos involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, “respetando la división de poderes ”, dice el decreto.

En el gobierno de Rafael Correa, la primera institución de lucha contra la corrupción creada también fue una Secretaría Anticorrupción, que luego se convirtió en la Secretaría de Transparencia de Gestión.

Las funciones de este organismo en el gobierno de Correa eran similares a las que tiene esta nueva secretaría en el gobierno de Moreno, la principal diferencia radica en que esta se basa en buscar la coordinación con organismos internacionales de lucha contra la corrupción. (I)