En juzgados se desvanece la violencia intrafamiliar en el Ecuador

Karla, de 25 años, sufrió tres intentos de asesinato, insultos y golpizas para obligarla a abortar por parte de su expareja, padre de su niña que hoy tiene un año y medio. Ella lleva 2 años intentando conseguir justicia por todo ese cúmulo de violencia física y psicológica.En un proceso por violencia intrafamiliar, en la Unidad Judicial Valdivia (sur de Guayaquil), el juez declaró inocente al presunto agresor y dejó sin efecto las medidas de protección a la joven, pese a la presentación de pericias médicas, y psicológicas por parte del Ministerio de Salud. Además de un informe psicológico en que asegura que el hombre tiene transtorno de personalidad.Luego, él la enjuició y ganó el proceso por regulación de visitas. Entonces ha ido con la Dinapen a buscar a su hija. Por ello, Karla huye con su niña, teme por la vida de ambas.Ella es una de las miles de víctimas de violencia intrafamiliar en el Ecuador. Es una muestra de cómo las personas afectadas deben enfrentar procesos “retrasados y tortuosos” de meses y hasta años para llegar a una sentencia que, en ocasiones, las desconocen como víctimas y pierden las medidas de protección. Son madres, padres, hijos, e incluso otros miembros de la familia como nueras, tíos, etc.No hay cifras públicas. Este Diario solicitó las cifras de las unidades judiciales en Zona 8, que son las que conocen los casos de violencia intrafamiliar, pero a través del Consejo de la Judicatura solo ofrecieron una entrevista para mañana (lunes 4 de febrero).En la Policía hay pistas. Según el Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), en el 2018 ellos recibieron 26.500 trámites por violencia intrafamiliar en la Zona 8. Fueron 15.897 casos de las Unidades Judiciales, 9.613 de la Fiscalía y 99 más, de la Junta Cantonal.De estos, se ha atendido un 69%, es decir 16.165; un 39%, 10.335 casos, quedó pendiente.La mayor Jeanette Yerovi, jefa del Devif, contó que la unidad actúa luego del ataque para activar boletas de auxilio, alarmas de seguridad, visitas a víctimas, o llevarla a la Defensoría pública si no tiene abogado.Otra dificultad sería el escaso personal para las dependencias judiciales. Por ejemplo, existen denuncias de fiscales de que hay una sobrecarga procesal, ya que tienen de 5 a 7 mil causas.El diario estatal El Telégrafo informó que existen 33 unidades judiciales y 94 jueces de los 142 necesarios en procesos por agresiones contra la mujer.Para Karla, las marchas para protestar contra la violencia contra el maltrato a la mujer y contra el femicidio, por los casos de Martha, violada en grupo en Quito; y Diana Ramírez, asesinada por su pareja en Ibarra, queda en la nada cuando medidas judiciales desamparan a la víctima. “Es bueno ver las marchas, que se habla del tema en la Asamblea. Pero en el día a día, habemos mujeres que se nos niegan medidas de protección pese a las amenazas de odio por parte del agresor. Ahora soy fugitiva para evitar maltratos para mí y mi hija”, lamentó.Yoli Pinillo, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, expresó que en la Zona 8 existen 14 fiscalías especializadas; y dos de flagrancia, ubicadas en Florida Norte. Estas unidades tratan también los casos de violencia intrafamiliar, cuando se convierte en delito.Añadió que enero del 2018 se registraron 1.200 denuncias por violencia psicológica y física mientras que en el mismo periodo en el 2019 hay 560.“Ha disminuido las denuncias, pero no significa que no han pasado los hechos”, dijo.Ahora Karla y su familia llevan un juicio por prevaricato en contra de la jueza que le dictó orden de apremio para que el presunto agresor tenga a su hija pese a diagnósticos de trastornos psicológicos que posee.“Ya no tenemos fuerza, ni dinero ni nada para más juicios. Me he revictimizado, sigo siendo víctima de abuso psicológico. Y no tengo solución por más que la he buscado”, dijo.Ahora apeló al juicio de regulación de visitas. Buscan que el hombre haga tratamiento psicológico para volver a ver la niña. Espera justicia. “Tengo 40 años soportando sus insultos, maltratos, y celos”Alejandra, de 54 años, estaba sentada en la última fila de la sala de espera en la Unidad Judicial Florita Norte. Estaba temerosa. Habla en voz baja. Llegó junto a un uniformado y el padre de sus 4 hijos para intentar concretar las medidas de protección de prohibición de acercamiento y salida del agresor de su hogar pues cuenta que sufrió maltratos por 40 años.“Llevo más de dos años en el proceso que abandone mi casa, siempre me insulta, me dice que quiere que me atropelle un carro, me maldice. Ya me ha pegado, la última vez me amenazó con un cuchillo y ahí se detuvo, pero yo no quiero que termine matándome”, dijo.Añadió que él le compraba la comida y la dejaba encerrada para que no salga. “Otras veces venía borracho, le pegaba a mis hijos y a mí, y nos botaba de la casa. La última vez me lanzó contra un fierro”, expresó.Las cicatrices de los golpes que le propinó su expareja las lleva en el rostro y en otras partes del cuerpo. Milena, de 42 años, siguió más de cinco procesos judiciales en contra de su exconviente por las agresiones físicas y psicológicas que sufrió desde el 2011 hasta el 2016 y ninguno de sus intentos por lograr justicia resultó a su favor. Al contrario recibió una demanda que la obligó a salir de su vivienda junto a su hija.Milena cuenta que cada vez que su exesposo tomaba alcohol la golpeaba. Un vez la atacó con un martillo en la cara. Ella muestra las denuncias por esas agresiones, pero dice que no ha obtenido ayuda de la policía ni del sistema judicial.Asegura que en su demanda por violencia psicológica, la fiscal lleva el caso ha pedido que se aplace la audiencia dos veces para conocer más del caso.“No tengo celeridad en mi caso, esperan a que sea una más del femecidio”, manifesta. (I)

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