Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, dice que se va satisfecho y que la politización de la justicia quedó en el pasado.

¿En seis meses de gestión se logró la independencia de la justicia?

Primero, hicimos cumplir el mandato de la Ley de la Función Judicial, por la cual las direcciones provinciales del CJ están a cargo de los delegados y los presidentes de las cortes provinciales. Antes, las decisiones se manejaban exclusivamente a través de los delegados y eso determinó que exista una línea política.

¿Ha dado resultado?

Eso ha permitido la despolitización de la justicia.

¿Cómo se prueba que hubo una despolitización?

Con el día a día. Canalizamos las denuncias y, si tienen veracidad, de inmediato se actúa. ¿Cómo medimos eso? Esos delegados provinciales fueron seleccionados de un banco de ciudadanos propuestos por la sociedad civil. De ese banco, elegimos a los mejores, con cero influencia política.

¿Qué otra medida?

Aquí se aplicaron las figuras del error inexcusable o la manifiesta negligencia para destituir a jueces u operadores que no seguían la línea política del gobierno (de Correa). Nadie podía fallar contra el Estado. No fue fácil cambiar la mentalidad, pero ahora eso ya no pasa ni remotamente.

¿Se ha sancionado a jueces?

Las sanciones a los jueces se han dado por sus actuaciones en el pasado. Desde junio hemos destituido a diez jueces, un defensor público, dos fiscales, dos secretarias y un recepcionista de Fiscalía provincial.

¿Y por acciones en este periodo?

Están en investigación.

El Consejo que preside está de salida y dividido.

Eso no es real. Yo estoy satisfecho por el esfuerzo hecho. El 95% de las decisiones fueron tomadas por unanimidad. Hubo discrepancias en 8 o 10 casos. En todo caso, es un organismo colegiado y es normal que haya diferencias. (I)