Audiencia en CIDH: Más dolor para familiares de equipo periodístico asesinado en Mataje

Por: Miguel Molina Díaz

Con lágrimas en los ojos escuchó Yadira Aguagallo la intervención del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en el 170 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia en que se habló del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para investigar el secuestro y asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. De hecho, el Procurador exigió que hasta el 31 de diciembre deberá concluir funciones el ESE y entregar su informe.

Juan Pablo Albán, el abogado de las familias del equipo periodístico asesinado, pidió expresamente y molesto todo lo contrario: que se extienda el periodo del ESE, para que este pueda cumplir su mandato. A este criterio se sumó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Édison Lanza, el cual categóricamente afirmó que el ESE debe concluir cuando tenga el informe, no antes. Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, recordó que el presidente Lenín Moreno ofreció una “respuesta contundente” frente al asesinato. “Esa respuesta no ha llegado”, dijo, ni siquiera en cuanto al reconocimiento de errores. “De no ser por las familias, es muy probable que este atroz hecho quede en la impunidad”, añadió.

Salvador aseveró que además de los esfuerzos del Estado ecuatoriano -repitió en tres ocasiones que con fondos públicos se financia íntegramente el ESE-, es preciso tener en claro que tanto el secuestro como el cautiverio y asesinato de los periodistas de diario El Comercio, habrían ocurrido en territorio colombiano, lo cual causó indignación en las familias. También pidió a la CIDH que el ESE no realice un peritaje en la zona de los hechos, ya que falta muy poco para la conclusión del mandato y criticó que el trabajo investigativo del programa de seguimiento no haya optimizado el tiempo ni haya analizado los documentos entregados por el Estado.

Lanza calificó de “imprecisiones” las declaraciones del Procurador y dijo que, incluso desde el punto económico, el financiamiento del Estado llegó tarde, por cuanto la Relatoría de la Libertad de Expresión tuvo que hacer un desembolso para empezar el trabajo. El relator se quejó del “tiempo perdido” en gestionar ante el Estado ecuatoriano toda la información sobre el secuestro, las presuntas negociaciones para la liberación y demás hechos alrededor del caso. Yadira Aguagallo añadió a las críticas al Estado ecuatoriano que la Fiscalía no ha tomado en cuenta las líneas de investigaciones sugeridas por los familiares. De hecho, para las familias, “dar por terminado el seguimiento sería un despropósito” y coinciden todos en falta de colaboración del Estado con investigaciones.

Colombia

Luego de que Íñigo Salvador se retirara de la sala sin dar declaraciones, entró la delegación del Estado colombiano para la segunda audiencia sobre este tema. La representante de la Fiscalía de ese país, Claudia Carrasquitra, fue enfática en que los comunicadores, según sus investigaciones, fueron secuestrados en la zona de Mataje, territorio ecuatoriano. La Fiscalía colombiana también comunicó que luego de ser secuestrados, Paúl, Javier y Efraín habrían sido trasladados a Colombia por orden de alias Guacho.

Carrasquitra informó que hay 5 ordenes de prisión, incluida la de Guacho, así como 3 imputaciones para 3 privados de libertad. También dijo que “se ha logrado establecer a través de investigaciones que no hubo incursión para lograr un rescate, disposición de Fiscalía para colaborar con la investigación”. El momento más complejo para las familias fue cuando la funcionaria dijo enfáticamente que el “homicidio no ocurre por su condición de periodistas, sobreviene en razón a la negativa del gobierno Ecuatoriano de canjear tres presos del atentado en San Lorenzo con los periodistas secuestrados”.

Jonathan Bock, el representante de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), de Colombia, cuestionó las “contradicciones, mentiras y secretismo” demostrado por ambos Estados, los cuales incluso han negado un hecho confirmado por una investigación periodística publicada en 100 medios, 30 países y 7 idiomas. El 28 de marzo de 2018, un fiscal ecuatoriano -y esto fue confirmado por el entonces ministro del Interior ecuatoriano, César Navas- fue a la base naval de la provincia de Esmeraldas para recibir al equipo periodístico supuestamente liberado, para trasladarlos en helicóptero al aeropuerto. Nadie lo reconoce.

En cualquier caso, ambos Estados están de acuerdo en que la CIDH no investigue más.

Álvaro Sandoval, director de Derechos Humanos de la Cancillería colombiana, pidió que no se extienda el trabajo del ESE. Aseguró que a partir del “rigor de la evidencia” se inició el crimen en Ecuador y fue cometido por un ecuatoriano, alias Guacho.

Considera que las medidas cautelares de la CIDH deben levantarse.

“Nadie quiere hacerse responsable de una situación que es dramática y grave”, dijo Albán en respuesta, y recordó que el 5 de octubre de este año CIDH adoptó informe Salas Galindo y otros vs. Estados Unidos, reiterando cómo la responsabilidad de los Estados puede darse frente a hechos fuera de su territorio. “Esto no tiene nada que ver con nacionalidad del comandante del grupo armado”, dijo el jurista cuando refirió que Colombia no tomó medidas para prevenir este tipo de vulneraciones a los derechos de los ecuatorianos. (I)