Catorce bufetes reciben $ 80 millones por defender al Estado ecuatoriano

Catorce bufetes reciben  $ 80 millones por defender al Estado Catorce bufetes reciben  $ 80 millones por defender al Estado
Catorce bufetes reciben  $ 80 millones por defender al Estado
QUITO. La Procuraduría General del Estado tiene la representación legal del Estado ecuatoriano.
Catorce bufetes reciben  $ 80 millones por defender al Estado
Diego García, procurador entre 2008 y 2018, contrató a la mayoría de bufetes.
Xavier Reyes
29 de Octubre, 2018
29 Oct 2018

“¡Que les vaya bonito!”. La frase, que arrancaba aplausos en las sabatinas de Rafael Correa, costó millones. Los propios funcionarios de la Procuraduría y los abogados externos contratados para la defensa del Estado en las cortes y foros de arbitraje internacional la recuerdan como un dolor de cabeza.

De los 29 arbitrajes activos fuera del país, 20 son demandas contra el país y nueve, casos en que actúa como demandante.

Para asesorarse en ambos roles, la Procuraduría –que asume la representación legal del Estado– tiene contrato vigente con 14 estudios jurídicos: Estudio Luis Echecopar García S.R.L., Lalive, Dechert LLP, Curtis, Foley Hoag, Winston & Strawn LLP, Baker Botts, Latham & Watkins, Pérez Llorca, Lovill, Brigard & Urrutia, K&L Gates, Squire Patton Boggs y Baker & Mackenzie.

Con corte al 12 de octubre de este año, sus servicios le costaron al Estado $ 98,5 millones, de los cuales $ 80 millones fueron exclusivamente para defenderse. Los montos solo corresponden a los casos activos, pues si se suman los que concluyeron el presupuesto para abogados supera los $ 350 millones.

“No hubo audiencia de las petroleras, por ejemplo, que no empiece con algún extracto de una sabatina, del ‘que les vaya bonito’”, contó a este Diario desde Estados Unidos un abogado de una de las principales firmas contratadas.

Si bien la sola declaración del expresidente –y en algunos casos, de sus exfuncionarios– en teoría no constituían una prueba y carecían de valor jurídico en el proceso, sí entraba como un agravante a favor de los demandantes.

Mientras en Ecuador las sabatinas se convertían en órdenes para los subalternos del régimen, en el exterior “tenían un grave impacto en los tribunales que los abogados teníamos que neutralizar”.

Con la llegada de Correa al poder, en el 2007, las demandas se dispararon. Ese año se registraban 13 arbitrajes y un juicio en Estados Unidos.

Sin embargo, para enero del 2018 ya se habían manejado 115 causas: 24 arbitrajes de inversiones, 12 arbitrajes comerciales, 32 juicios en sede internacional, 10 juicios ante el Tribunal Andino de Justicia, 35 notificaciones de controversia, 1 causa en una Junta Combinada de Disputas y 1 investigación ante la Secretaría de la Comunidad Andina.

 

 

“La orientación de la política comercial y exterior, sumada a la violación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) o a las mismas leyes ecuatorianas por parte de las autoridades de entonces provocaron un caos; por hacer un símil: nos pedían defender al Estado de un asesinato con el muerto a la vista y la pistola caliente, humeando”, relata otro abogado extranjero consultado para esta nota.

La contratación de bufetes para cortes y arbitrajes internacionales exige mucho dinero, sobre todo, por el nivel de representación de los demandantes. “Es difícil explicarlo dentro del Ecuador, pero afuera es muy compleja la defensa no solo por el nivel de los árbitros, sino porque las compañías –como Chevron o Perenco– contratan a los mejores abogados del mundo”.

Demandas en régimen anterior

Con datos proporcionados por la Procuraduría, de 20 demandas vigentes contra el Estado 16 fueron presentadas durante el gobierno de Correa.

Las otras cuatro corresponden al periodo del actual presidente Lenín Moreno. Están los casos OCP, Tame, Petroecuador Panamá y Gente Oil.

Estos dos últimos son especiales. El uno plantea una demanda de $ 11.450 millones en contra del Estado (es decir, el 82,3% del total) y el segundo –por el campo Singue– parte de un examen especial de la Contraloría que vinculó al exvicepresidente Jorge Glas y que, para varios funcionarios, podría ser visto como político.

Al momento, las demandas en el exterior suman $ 13.653,6 millones, de las cuales ya se han dictado laudos que obligan a Ecuador a pagar $ 126,1 millones. Las cifras no son definitivas, pues aún hay procesos en marcha o sin cuantías. La impugnación, por ahora, es una vía obligatoria. Al igual que la contratación de abogados en el exterior. (I)

98 millones de dólares suman con casos en que el país es demandante.

Catorce bufetes reciben $ 80 millones por defender al Estado ecuatoriano
Política
2018-10-29T00:00:32-05:00
A la fecha, hay 20 demandas activas contra el Estado. Catorce bufetes han sido contratados.
El Universo

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