María Victoria Peña perdió las piernas hace dos años cuando el conductor Carlos Eduardo Ruiz Macías se metió en contravía y la aplastó contra un carro detenido ante la luz roja del semáforo. Ocurrió en La Puntilla.

Desde entones la mujer, hoy de 40 años, ha esperado por la indemnización que el juez determinó que debía pagarle el causante de la mutilación.

Son $ 300.000 por reparación integral. María Victoria dice que no ha recibido ni un dólar. Ella utiliza silla de ruedas; las prótesis cuestan aproximadamente $ 20.000 y ha esperado dos años para conseguirlas a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

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El viernes 21, María Victoria está en la Fiscalía, pues el conductor Ruiz solicitó el régimen semiabierto esperando cumplir lo que queda de su sentencia fuera de la prisión. Él ha pasado detenido 25 meses de los 30 a los que fue condenado.

La mujer teme que el sujeto recupere la libertad y no se haga responsable del pago.

El fiscal Víctor González indica que una vez cumplida la pena el juez debe darle la libertad inmediata, sin incidir el que haya o no pagado la indemnización. Así consta en la ley.

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Asegura que en el 99% de los casos que él ha llevado no se ha pagado reparación integral. “Queda en palabras, porque la mayoría de los sentenciados son gente pobre y en la cárcel no producen dinero”, ironiza.

González cree que si el causante de la mutilación accede al régimen semiabierto, el juez le pondría como condición pagar una cuota mensual a la víctima. No obstante, una vez terminados los 30 meses de condena, nada garantizaría la continuidad del pago, refiere.

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Kléber Sigüenza, abogado de la mujer, menciona que iniciarían una acción civil para lograr cobrar la indemnización.

Los abogados de Ruiz han asegurado que este carece de recursos y que el monto determinado sería injusto.

En la web de la Superintendencia de Compañías consta que Ruiz Macías transfirió a su padre el 30% de las acciones de una compañía que vende insumos médicos al Estado, y que esto pasó poco antes de ser condenado (diciembre del 2016).

María Victoria señala que en su momento sus abogados solicitaron al juez el detalle de los bienes y la prohibición de enajenar (vender, donar o ceder un bien o una propiedad). Asegura que el tribunal negó el pedido.

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Otro caso de reparación integral no cancelada está ligado al crimen del dueño de un local de comida ubicado en la ciudadela Urdesa, perpetrado por motorizados el 3 de octubre del 2017. El cómplice (chofer de la moto) fue condenado a 34 años de prisión y al pago de $ 15.000.

No han pagado ni un centavo, afirma Sigüenza, quien comenta que la familia cree que la “única justicia” a su favor será la cárcel en contra del detenido.

El fiscal González no considera que haya un vacío legal en estos casos, pero sí el problema de que la ley no contempla formas de ejecutar los pagos.(I)

Apuntes
El Consejo de la Judicatura dispone de una Unidad de Coactiva que ejecuta las multas que los ciudadanos sentenciados deben pagar al Estado. Pero este departamento no tramita el cobro de la reparación integral de la víctimas, comenta el fiscal Víctor González.“Se debe ejecutar (el cobro) por la vía civil, aunque también se dice que puede iniciarse una acción penal por incumplimiento del dictamen judicial, pero el problema es que el sentenciado no tiene trabajo ni recursos”, manifiesta el fiscal González.

El papá (de Carlos Eduardo Ruiz Macías) es un empresario, es cuestión de humanidad pagarle a María Victoria. Ella perdió las piernas y no le han dado dinero ni para comprarse las prótesis”.Kléber Sigüenza, abogado de María Victoria Peña