ONU pidió investigar muerte de concejal opositor en Venezuela

Naciones Unidas pedirá una investigación imparcial sobre la muerte de un concejal opositor encarcelado en Venezuela por su presunta responsabilidad en un ataque contra el presidente Nicolás Maduro que, según las autoridades, se suicidó al saltar desde el décimo piso de la sede de la policía política.

Ravina Shamdasani, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo este martes que los funcionarios venezolanos estaban obligados a garantizar la seguridad de Fernando Albán mientras estaba bajo su custodia.

“Pedimos una investigación transparente para aclarar las circunstancias", agregó.

Shamdasani dijo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le ordenó al Alto Comisionado realizar un informe sobre Venezuela, pero no está claro si la muerte de Albán formará parte de ese trabajo.

El Grupo de Lima, que integran once países de la región, también se sumó a las voces que exigen una investigación imparcial e independiente del hecho y planteó en un comunicado que el proceso debe realizarse con aval internacional.

Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía ratificaron su condena a lo que consideraron como “violación sistemática” de los derechos humanos y la “persecución política” en Venezuela.

Albán, de 56 años, fue detenido el 5 de octubre pasado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras arribar procedente de Nueva York, a donde viajó para reunirse con su esposa e hijos, que viven en esa ciudad.

Durante esa visita el político acompañó al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a reuniones con autoridades de gobiernos extranjeros que asistieron a la Asamblea General de la ONU, indicó el abogado Joel García, defensor del concejal.

Albán fue arrestado por su presunta relación con el atentado con drones que sufrió Maduro en un desfile militar en agosto pasado.

Organizaciones de derechos humanos y autoridades de la Iglesia católica de Venezuela también exigieron al gobierno una investigación sobre la muerte del concejal.

Al rechazar el proceso que se ha seguido en el caso, García dijo este martes a The Associated Press que “nadie estuvo presente en la autopsia”, y precisó que el certificado de defunción del opositor señala que murió por “politraumatismo severo y cráneo traumatismo severo por caída”. Agregó que luego de las exequias y de que se tengan las actas se solicitarán nuevas diligencias de investigación.

Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores del país, indicó en su cuenta de Twitter que el cuerpo del opositor fue entregado "sin procedimientos mínimos forenses".

"No podrán esconder lo ocurrido", dijo la formación, que responsabilizó al gobierno de Maduro de la muerte.

El fiscal general Tarek William Saab dijo a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) antes de ser trasladado a los tribunales y solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.

Pasado el mediodía de este martes llegó a la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, el féretro con el cuerpo de Albán cubierto con una bandera venezolana que fue cargado por algunos dirigentes mientras entonaban el himno nacional. El ataúd fue colocado en uno de los pasillos del Congreso donde decenas de opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles, se concentraron para rendirle homenaje mientras realizaban una sesión especial para condenar la muerte del político.

"La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado", indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. El colectivo exigió a las autoridades la apertura de una investigación a todos los funcionarios involucrados en la detención y custodia del opositor.

En un comunicado en su página de internet, Provea pidió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles y se autorice la entrada al país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las relatorías y grupos de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El senador republicano Bob Corker, presidente saliente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y quien se encuentra en Venezuela para reunirse con Maduro y sus opositores, calificó la muerte de Albán de "perturbadora".

Luis Almagro, titular de la Organización de los Estados Americanos y un crítico acérrimo del gobierno de Venezuela, sostuvo en Twitter que la muerte de Albán es "responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida".

"Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela", agregó.

A los cuestionamientos se sumó la arquidiócesis de Caracas, que expresó en un escrito que la información dada por el fiscal general "nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio no corroborado por una investigación profunda y objetiva".

Las autoridades detuvieron a más de 17 personas por el ataque con drones, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y al diputado opositor Juan Requesens.

Venezuela solicitó además la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes está Borges, radicado desde hace meses en Bogotá.

Borges denunció en un video difundido en su cuenta de Twitter que, según informaciones que le proporcionaron funcionarios del Sebin, "el cuerpo de Albán fue lanzado sin vida". (I)