A la Asamblea llegó un nuevo proyecto para quitar la pensión a exmandatarios cuestionados. Paola Vintimilla (PSC) plantea reformar el artículo 135 de la Ley del Servicio Público para que no tengan ese beneficio los expresidentes o exvicepresidentes sentenciados por casos de corrupción, pues sería “una recompensa para aquel que ha denigrado el mandato”.

Su proyecto pide que no se pague a quienes se les revoque el mandato y quienes hayan sido condenados, en el ejercicio de su mandato o con posterioridad, con “una sentencia condenatoria ejecutoriada por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.

Y que si ya recibe la pensión y luego se emite la sentencia, quede suspendida “y el condenado deberá restituir de inmediato el valor total que hubiese recibido por dicho concepto”.

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Este año Eliseo Azuero (BIN) también pidió reformar esas pensiones para cubrir “un enorme espacio para arbitrariedades como que el exvicepresidente Jorge Glas cobre pensión estando en la cárcel”.

Reconoce que varios proyectos en esa línea han sido archivados en la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, pero asegura que “esta vez sí se avanzará, porque es urgente frenar los abusos que se están permitiendo”.

Su propuesta es que se suspenda el pago de aquel exmandatario que sea llamado a juicio por algún delito sancionado con prisión o reclusión.(I)