Hasta mediados de diciembre del 2018, el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio espera entregar un informe detallado de cada uno de los casos en los que se haya determinado existieron abusos de la justicia en la época del correato.

Esta mañana el pleno del CJ transitorio anunció la creación de la Mesa de la Verdad y Justicia para tratar todos los casos de supuesta persecución política que se presentaron a nivel nacional.

A la cita acudieron más de 200 personas que integraban colectivos como el denominado Víctimas del 30S, los sentenciados en los casos de 'Los 10 de Luluncoto', 'Los 29 de Saraguro', 'Los 3 de Cotopaxi', caso González y otros, pases policiales, entre otros.

El periodista Juan Carlos Calderón, autor del libro El Gran Hermano, habla del proceso judicial que enfrentó durante el anterior Gobierno ante una demanda que les colocó el entonces presidente Rafael Correa. pic.twitter.com/hcnJm9oXwQ vía @santiagomolinao

También estuvieron entre los presentes el periodista Juan Carlos Calderón, quien por ser uno de los dos autores del libro El Gran Hermano enfrentó una demanda interpuesta por el entonces presidente Rafael Correa; y el activista político Fernando Villavicencio, quien recibió varias demandas por sus denuncias por hechos de corrupción.

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Quienes se identifican como perseguidos políticos del Gobierno de Rafael Correa afirman que en sus casos existieron irregularidades y excesos en la justicia ordenados desde el nivel político y procesados por el sistema judicial.

La vocal del CJ, Angélica Porras, habla de los objetivos que tendrá la mesa de justicia instaurada por el CJ que analizará casos de supuesta vulneración de derechos humanos. La mesa entregará un informe en diciembre de 2018. pic.twitter.com/SRPDmzDh1Y vía @santiagomolinao

Marcelo Merlo, presidente del CJ de transición, adelantó que mañana mismo iniciará el proceso de sistematización de cada uno de sus casos; él explicó que en el proceso participarán representantes de colectivos y de cada uno de los casos que se presenten.

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Angélica Porras, vocal del CJ, explicó que el informe que se realice será entregado a las autoridades respectivas para que se tomen las medidas del caso. Entre los objetivos de la mesa estan el documentar e investigar cada uno de estos casos para saber si existió un patrón de persecución en el gobierno anterior, identificar a los responsables y hacer recomendaciones para que exista una reparación de las víctimas y afectados. (I)