“La justicia tarda, pero llega, y al final del túnel correísta estaba la luz de la verdad”. Lo dice Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), tras conocer la resolución de la Corte Constitucional (CC), que ratificó su inocencia de los delitos de sabotaje y terrorismo de los que fue acusada en el Gobierno, por presuntamente incitar a los alumnos del colegio Aguirre Abad a protestar en la sublevación del 30 de septiembre de 2010.

Zamora y sus abogados ya alistan demandas contra el Estado, el expresidente Rafael Correa y funcionarios judiciales que habrían perpetrado lo que ella calificó como una “persecución política”.

Agregó que la sentencia emitida por la CC que declara improcedente la acción extraordinaria de protección planteada por el exfiscal Galo Chiriboga al fallo absolutoria de la Corte Nacional de Justicia, del 27 de mayo del 2014, es una muestra de que la justicia ya no tiene esa presión de la década anterior.

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Sin embargo, también considera que influyó el hecho de que los integrantes de la CC están siendo evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio.

Zamora está en Quito junto a su grupo de abogados, encabezados por Silvio Enríquez, y otros del movimiento Unidad Popular, para redactar la documentación con la que pedirán la aplicación de la figura de repetición contra jueces y fiscales que, asegura, gestaron dicha persecución política.

La exdirigente señaló que por el momento analiza su participación en la contienda electoral del próximo año; al momento es la precandidata a la prefectura de Manabí por la Unidad Popular. (I)