Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, asegura que hay preocupación en el sector tras decisiones judiciales que suspendieron el proyecto minero Río Blanco, en Azuay.

¿Cómo han tomado esta decisión judicial sobre el proyecto Río Blanco?

Es un tema que nos preocupa, creemos que tanto la sentencia de primera instancia como la ratificatoria de segunda instancia, no son correctas.

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¿Por qué?

Tanto la Constitución como la normativa internacional determinan exactamente cuándo debe ser aplicada la consulta previa; esto es, ante el supuesto de la existencia de comunidades ancestrales indígenas y, evidentemente, en el caso de Río Blanco, no han existido esas comunidades. Es el Estado el que determina con claridad dónde existen. Lo que vemos es un alto matiz político, la Ecuarunari y YASunidos han iniciado estos procesos.

¿El proyecto está suspendido?

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Está suspendido. La ratificación del juez de segunda instancia confunde aún más la situación, creemos que la sentencia es oscura.

¿Por qué dice que podría dar un mensaje negativo?

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En este caso no corresponde aplicar la consulta previa a las comunidades.

¿Han llegado voces de inversionistas preocupados?

Sí, el sector minero requiere de estabilidad jurídica de largo plazo.

¿La empresa encargada del proyecto (Ecuagoldminig) ha dicho que lo dejará?

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Está evidentemente preocupada esperando la resolución de la justicia y las garantías necesarias para poder seguir ejecutando su inversión. Los números que nos trae la minería son de aproximadamente $ 4.500 millones de inversión hasta el 2021, generación de más de 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos, $ 1.300 millones solamente en impuestos y más de $ 3.000 millones proyectados de exportaciones. (I)