A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila López, dijo que la decisión de suspenderla 90 días de su cargo fue basada “en una denuncia falsa, temeraria, y carente de elementos fidedignos...”.

Merlo inhabilitó a Dávila después de que esta revocara la prisión preventiva que pesaba contra el exministro Iván Espinel, procesado por supuesto lavado de activos, y la sustituyera por la presentación periódica ante autoridad, la prohibición de irse del país y el uso de un dispositivo de ubicación.

Dávila sostiene que su decisión de excarcelar a Espinel fue apegada a la norma legal y basada en la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y acusó a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de supuesta injerencia en la justicia.

Publicidad

“Quien presuntamente estaría perpetrando algún tipo de infracción de índole penal, con claros visos de injerencia en la administración de justicia es la propia señora Directora Nacional de la UAFE...”, aseguró.

Dávila explicó que un asesor de Salazar (Fabián Ch.): “Me ha escrito (...) por vía del WhatsApp en algunas ocasiones, manifestándome que les colabore a la UAFE con el acto de no excusarme del conocimiento en la presente causa...”. Dijo que esperaba que no desaparezcan los audios de la audiencia oral, pues le habrían impedido entrar a su oficina y subir el escrito de la diligencia al sistema. (I)