El concurso público para la asignación de 1.472 frecuencias del Estado debe “anularse”: es la recomendación que hace la Contraloría del Estado, luego de aprobarse un informe final al proceso de concesión de frecuencias dispuesto entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017.

El informe fue aprobado el 22 de junio de 2018, y ayer la Contraloría lo hizo público. De él se desprendió que en varias de las etapas de revisión de los proyectos comunicacionales de los requirientes de frecuencias del Estado se había “violentado la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica para los participantes”.

Además se desencadenan dos informes con indicios de responsabilidad penal, de los que no se puede dar detalles.

Este concurso público se convocó el 12 de abril de 2016 y puso a disposición 1.472 frecuencias. Estaba a cargo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).

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A estos, la Contraloría les recomendó que coordinen las acciones legales necesarias para proceder con la “anulación del concurso público” de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios. Y en los casos que existan “derechos adquiridos generados por efecto de la emisión del título habilitante, deberá analizarse caso por caso, para la adopción de las decisiones que en derecho correspondan”.

El órgano de control hizo varios hallazgos, entre los que precisó “irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes”.

Se observó que en el Cordicom se aprobó un instructivo “con posterioridad” a las bases del llamado, además de un reglamento sin conocimiento de los postulantes.

Se halló que había concentración de frecuencias por parte de tres grupos empresariales (los cuales los identifica con letras A, B y C); se detectaron cambios en estructuras gerenciales sin autorizaciones de la Arcotel. Y una “dispersión de documentos” que dificulta la verificación.

Tras el informe, la Contraloría determinó una nueva auditoría a la adjudicación de frecuencias, que no fueron parte de este examen especial, y deberá hacerse en 90 días.

Édgar Jaramillo, del grupo Observatorio de Frecuencias, cree que es “necesario” que se conozca a quiénes se asignaron estas frecuencias, fuera de un concurso público.

Ni la Arcotel ni la Cordicom se han pronunciado. (I)