La evaluación a las autoridades del Estado empezó con Patricio Rivera, superintendente de Economía Popular y Solidaria, y en su contra ya pesa una posible cesación del cargo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición tuvo ayer su segunda sesión plenaria, en la que aprobó 20 días después de iniciar sus funciones los parámetros de evaluación de las autoridades del Estado que fueron elaborados por la Comisión de Evaluación, integrada por Pablo Dávila y Luis Hernández, como son: la legitimidad, cumplimiento de funciones, gestión de los recursos, transparencia y evaluación.

Estos estándares tienen 37 subcomponentes (que aún no se conocen), y se enviaron hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que haga sus recomendaciones.

Antes de tomar una decisión sobre Rivera, exministro de Finanzas del exmandatario Rafael Correa, y exconsejero de Lenín Moreno, se lo citó a una audiencia pública para que se defienda, y se hará el 29 de marzo a las 10:00. Se lo observa por el supuesto incumplimiento del artículo 16 de la Ley de Servicio Público, al no posesionarse dentro de los 15 días.

Un informe aprobado por los siete vocales determinó que en contra de Rivera “opera la caducidad en su nombramiento”, y “se recomienda cesarlo”, pues se posesionó en la Superintendencia 235 días después de su designación.

Es decir, el ‘CPC cesado’ lo designó como superintendente (cuya candidatura provino de una terna remitida por Correa) el 28 de abril del 2017, y su posesión se dio el 19 de diciembre en la Asamblea Nacional. Por ello, su actuación “transgrede la seguridad jurídica”.

El presidente, Julio César Trujillo, aclaró que lo que se decida, “no lo exime de responsabilidad económica, civil y administrativa que pueda establecer la Contraloría del Estado”.

El CPC pidió a la Contraloría que haga un examen especial a la gestión y patrimonio de los servidores de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que está en proceso de extinción. Y a la Fiscalía General que investigue si se cumplieron los protocolos para interceptar comunicaciones. (I)