El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición no podrá declarar la terminación anticipada de los periodos del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, ni del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, aseguró ayer el primero.

“No abarca ni a la Superintendencia de Información ni al Consejo de la Judicatura... Esta consulta nació viciada de inconstitucionalidad...”, dijo el funcionario luego de presentar su última rendición de cuentas de la institución ayer, pues en octubre concluye su periodo.

Según el anexo de la pregunta 3 del referéndum, el CPC transitorio evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado en el plazo de seis meses desde su instalación, “pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos”.

Ochoa y Jalkh fueron designados por el primer CPC.

Ochoa cuestionó a los medios de comunicación, defendió su gestión en la Superintendencia y a la Ley de Comunicación ante la posibilidad de que sea derogada, aunque se mostró abierto a que se la modifique.

“Y quienes hoy pretenden derogarla buscan única y exclusivamente su beneficio: recuperar esa asimetría perversa que en su momento les permitió poner y quitar presidentes, dirigir la economía de este país obviamente hacia los grupos más poderosos en beneficio de ellos, colocar ministros y acaparar embajadas, en suma, estar por encima de la ley, no quieren que nadie los controle...”, afirmó.

Respecto de su destitución por la Contraloría, respondió que ha presentado descargos ante el Tribunal Contencioso. Además, que ha solicitado una acción extraordinaria a esa entidad lo que está en proceso. Por ello, a su criterio, no se puede ejecutoriar esa sanción. (I)

Esta Ley proviene del mandato de una Constituyente, fue aprobada luego de cuatro años de debate en la Asamblea, ratificada en consulta y por la Corte Constitucional...
Carlos Ochoa, superintendente