Supuestas irregularidades en los manejos de la Universidad Yachay Tech, entre noviembre del 2013 y agosto del 2017, y en la empresa Yachay EP (Ciudad del Conocimiento), entre diciembre del 2014 y agosto del 2017, fueron detectadas por la Contraloría General, según dos exámenes especiales.

Entre los hallazgos en la Universidad están el pago “indebido” de viáticos por gastos de residencia a servidores de un mismo núcleo familiar por $ 20.178 y la no liquidación de $ 10.064 del anticipo de viáticos del secretario académico por falta de informes, Además, solicitudes de prórroga de ejecución de contrato sin sustento legal, con entrega de servicios y productos fuera de plazo y sin aplicar la multa de $ 13.073.

Tras conocer el informe, la Universidad emitió un comunicado en el que se señala que la institución ha iniciado los procesos administrativos para recuperar los valores desembolsados erróneamente.

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Respecto a los viáticos, en una entrevista con EL UNIVERSO, el rector saliente Carlos Castillo-Chávez dijo que todos sus viajes para conferencias en el exterior los pagan de afuera y desde mayo o poco después decidió “no tomar un solo centavo” por “cualquier cosa”.

En Yachay EP, la Contraloría encontró que 968 días después de la suscripción del contrato no se ejecutó la implementación del plan piloto de control de accesos para el área patrimonial de la ciudad por $ 246.280 y que el gerente general autorizó la realización de obras y prestación de servicios sin procesos contractuales, lo que generó obligaciones por $ 5.101, pagadas por convenios.

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También hubo pagos en exceso por reajustes de precios en la construcción del Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Urbano por $ 954.379 y por diferencias en volúmenes planillados en el proyecto del Clúster por $ 3’352.493.

La falta de control de fiscalizador y administrador del contrato provocó que no se cobren multas por $ 280.229. En la construcción de las vías internas, se suspendieron las obras por 824 días y no se recuperó el anticipo por $ 10,5 millones.

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Yachay EP gastó en arriendos $ 128.388 en Quito, cuando contaba con infraestructura en Urcuquí y no implementó productos de una consultoría por la que pagó $ 82.650.

Al respecto, el ex gerente general Héctor Rodríguez señaló que la Contraloría aún no ha determinado responsabilidades. Sobre los “pagos en exceso”, dijo que la responsabilidad es del fiscalizador externo y que en los contratos aún en ejecución no existiría perjuicio al Estado. Respecto a las vías internas, señaló que tampoco hay perjuicio porque el anticipo se dio a una empresa pública.

El arriendo fue legal y justificado técnicamente e Inmobiliar dio su aval. “Sin embargo, con el afán de hacer escándalo... la persecución... intentan señalar eso como una irregularidad”, agregó Rodríguez. (I)