“Si a mí me llamaran (del Gobierno), les diría: Señor, aplique la ley, ya existen los artículos en la ley, ¿qué otra cosa les puedo imponer además de esto?”.

Fue la reacción de Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, con leyes en mano, ante la iniciativa del Gobierno de impulsar una nueva normativa que combata la especulación de tierras, tras la virtual derogación de la aún vigente Ley de Plusvalía, después de los resultados de la consulta popular y referéndum.

Pita se basa en los artículos 507 y 593 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, sobre el recargo anual de 2 x 1.000 sobre los predios urbanos no edificados; y el pago a los municipios de hasta el 50% del mayor valor del inmueble antes y después de la ejecución de la obra, respectivamente.

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También mostró la Ley Orgánica para la Eficiencia de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Organización Territorial Uso y Gestión de Suelos; y sus artículos 61, 64, 65, 66, 72 y 73. De ahí que proyecta que difícilmente el sector de la construcción, con cientos de proyectos rezagados que no se vendieron por la Ley de Plusvalía, inicie su recuperación, debido a la incertidumbre por el nuevo proyecto oficialista.

“¿Podrán querer marcar diferencia y todavía gravar más?, no lo sé, pero repito, ya existen normas”, sostuvo Pita, quien recordó que la ley vigente causó el desplome de entre el 40% y 50% de la actividad de la construcción, unos $ 1.500 millones; y afectó a 80 mil empleos directos y 150 mil indirectos.

Para el sector inmobiliario la caída también fue significativa. Según Jaime Rumbea, presidente ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Viviendas del Ecuador, las reservas de viviendas para este año alcanzan solo un tercio de las que se realizaban en 2014.

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“Hoy estamos entregando casas de las reservas del año 2016 que fueron las más bajas desde el inicio de la dolarización, es nada lo que se está construyendo y entregando hoy en día (...), se están entregando menos casas, y la población se incrementa, entonces estamos creando déficit”.

Puntualizó que desde el anuncio de la Ley de Plusvalía, en octubre del 2015, hasta la fecha ni una sola persona ha sido señalada por especulador. “Ahí está la prueba de que es un arma política de destrucción masiva...”, expresó.

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Para Isabel Wagner, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, lo único que cabe por hacer es derogar la ley.

“El único verbo que el Gobierno consultó fue el de derogar la ley, la ley no fue consultada para modificaciones o para creaciones de nuevas leyes”, expresó preocupada Wagner.

Como Pita, la experta en bienes raíces señaló que ya existen normativas y leyes para controlar y combatir la especulación antes de la ley vigente. “Si crean nuevas expectativas, van a crear inestabilidad y desconfianza, siempre existió una ley de plusvalía y nos rigió por muchos años y se trabajó sin ningún inconveniente pagando la tasa justa”, recordó. (I)