Inconformidad sube en área de reincorporación de las FARC

Sentados en una vereda, César Velasco y Edwin Martínez, con una guitarra, repasan canciones creadas por ellos. “Los guerrilleros en La Carmelita/ junto al obrero trabajan hoy/ mezclan cemento pa’ construir/ armando casas para vivir/ así es mi pueblo en revolución/ para cambiar esta situación”, dice una estrofa del tema Junto al obrero. También entonan la inédita Qué bella es la paz, que, en una parte, cita: “Por estas calles nuevas andaré/ cantándole a la vida y a la paz/ la vida significa libertad/ y vivir en paz con dignidad”.Esta última frase es la que más añoran ambos exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , hoy concentrados en La Carmelita, en Putumayo, uno de los cinco Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) creados a partir de la firma de la paz entre el grupo guerrillero y el Gobierno colombiano, en noviembre del 2016.Lea también: Juan Manuel Santos: Ofensiva total contra disidentes de FARC Este espacio, al que los exguerrilleros bautizaron con el nombre del combatiente Heiler Mosquera, está a unos 50 kilómetros de la frontera con Ecuador, frente a Sucumbíos. Se trata de un colorido nuevo pueblo formado por casi medio millar de villas de unos 25 metros cuadrados, de material reciclado que en días soleados se vuelven cuartos calurosos.Velasco y Martínez son parte de los 730 excombatientes que inicialmente se concentraron a fines del 2016 e inicios del 2017. Llegaron con optimismo, pero ahora sienten desengaño por lo que ellos llaman incumplimientos de parte del Gobierno. Ese mismo sentimiento tienen los miembros de la directiva del ECTR, quienes advierten que de seguir así la situación, hay riesgos, no para el acuerdo de paz, pero sí para los exguerrilleros y campesinos.En el caso de Martínez, de 38 años y con 18 en la guerrilla, los supuestos incumplimientos lo atormentan: “La idea central de todo esto era de que todos quienes estuvimos en armas llegáramos a estar en buenas condiciones… No nos están cumpliendo, por eso mucha gente se está yendo y no sabemos los rumbos que tomen…”.Le brotan las lágrimas al preguntarle sobre su futuro. No tiene esposa e hijos; una de sus manos es deforme y lleva por años un daño parcial en el pie derecho, producto de la guerra. Por eso ve difícil hallar trabajo. “Esto sirvió para tres cosas: pa’ nada, pa’ nada y pa’ nada”, dice y agrega: “No nos han dado las tierras ni los proyectos… A los discapacitados no nos han considerado para nada. Esto es terrible. Como combatiente tenía todo, no faltaba nada, hoy debo pedir a mis compañeros que me regalen cosas para el aseo”.Lo dice porque él, al igual que su “camarada” Velasco, no recibe la denominada bancarización, una pensión mensual de 660.000 pesos (unos 330 dólares), el 90% del salario básico colombiano, establecido en el acuerdo de paz. A él ni siquiera le salen los documentos como desmovilizado, asegura.Eduardo Perdomo Zamora, uno de los delegados de la directiva del ECTR La Carmelita, señala que según un registro levantado por ellos, a 130 exguerrilleros no les llega esa certificación de excombatiente y a 138 no les pagan la bancarización.En contraposición, un informe del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y la Agencia Colombiana para la Reintegración cita que más de 10.818 personas tienen cuentas abiertas en el Banco Agrario y 10.172 reciben ya los apoyos económicos que plantea el acuerdo: 2 millones por una única vez y 90% del salario mínimo por 24 meses siempre que no tengan vínculo contractual que les genere ingresos. Los desmovilizados serían 12.000.Perdomo, John Freddy Miranda y Mario Guisao, exguerrilleros y ahora parte de la directiva del ECTR La Carmelita y del movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también FARC y creado tras la firma de paz, concuerdan en que los incumplimientos han llevado a que 350 de los 730 exguerrilleros abandonen el ECTR La Carmelita.Esa realidad preocupa a dirigentes comunitarios y habitantes de poblados del Putumayo, quienes bajo reserva dicen que grupos ilegales y de narcotraficantes buscan ocupar los espacios dejados por la guerrilla y estarían reclutando a exmiembros del grupo. Incluso citan que la vía Teteyé-Puerto Asís sería la división entre dos agrupaciones armadas que ya estarían operando. Por esa carretera, patrullas de la Policía y el Ejército operan las 24 horas.“Hay ese riesgo. Los compañeros dicen que van a trabajar y afuera ya no sabemos lo que hagan”, refiere Guisao. Según el CNR, una vez que los exguerrilleros han recibido su certificación, “ellos tienen ciudadanía plena y el derecho de libre locomoción y no están obligados a estar en los ETCR”.Guisao menciona que todo lo acordado, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, avanza, pero en pinitos. En materia de seguridad, expresa que la violencia ahora se ha enfocado contra dirigentes campesinos y casi una veintena han sido asesinados en el país.Perdomo se refiere a que no se ha cumplido con la entrega de tierras para espacios productivos. “Hay proyectos, pero no llegan”. Igual sucede con la reforma agraria integral que beneficiaría a los campesinos. Tampoco hay presupuesto para los planes de erradicación de las plantaciones de coca, señala.Según el CNR, se avanza en la estructuración de elementos técnicos, financieros y de mercadeo de siete modelos de proyectos. Para La Carmelita es en avicultura y piscicultura. (I)

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