En el juicio en contra del vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros procesados por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, el exasambleísta César Montúfar actuó como acusador particular. Dice que seguirá participando en el de cohecho y en el caso Caminosca.

¿Qué cabos sueltos quedan luego de la sentencia?

Dos: el uno es que la Fiscalía debe iniciar la investigación por los otros delitos penales que determinó el tribunal a partir de la asociación ilícita. Están concusión, cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencias... Y el segundo cabo suelto es la vinculación de otras personas, entre ellas, Rafael Correa.

Publicidad

¿Hubo una intención política al dejar eso suelto?

Si bien el que no se hayan juzgado otros delitos es explicable dado el carácter de la asociación ilícita, la sentencia es un precedente que necesariamente involucra a Correa. Jorge Glas no hubiera podido estar donde estuvo, tener el poder que tuvo, manejar los sectores que manejó sin las decisiones del propio presidente.

Decisiones administrativas. ¿Por qué habría ahí responsabilidad penal?

Publicidad

Se le entregó a una sola persona, a Jorge Glas, el control sobre los sectores estratégicos. Además, el gobierno de Correa realizó o promovió cambios legales que facilitaron la constitución de una organización criminal: declaratorias de emergencia, cambios a las leyes de Contratación Pública y de la Contraloría, reformas al Código Integral Penal...

¿Hubo un blindaje legal?

Publicidad

Todo ocurrió por las decisiones de Correa. No solo tiene responsabilidad política, sino penal. Según la doctrina, existen no solo cuando un funcionario público recibe una coima o participa en tráfico de influencias, sino cuando crea las condiciones que facilitan un delito. La responsabilidad penal de Rafael Correa se cae de madura.

¿Y la de Odebrecht?

En la sentencia se determinó que Odebrecht sea vinculada.

Según su criterio, para que haya justicia plena en este caso faltaría incluir a Correa y a Odebrecht.

Publicidad

No solo a ellos. Hay otros: Alexis Mera (ex secretario jurídico de la Presidencia), por ejemplo, tiene que ser vinculado no solo por la delación de Luiz Mameri, sino porque también se lo menciona en la de José Conceição Santos.

Al inicio tuvo dudas sobre el fiscal Carlos Baca Mancheno.

Tenía dudas sobre el trabajo de la Fiscalía, pero debo reconocer que la actuación del fiscal general estuvo a la altura. Me refiero al juicio, no a lo que pasó antes ni a lo que ocurra a futuro.

Los casos quedan en manos de Baca.

La Fiscalía debe continuar e iniciar las instrucciones. En caso de sentencia, las penas se acumulan y el vicepresidente podría tener un acumulado de más de 20 años de cárcel.

Se acerca la consulta y podría haber cambios en las autoridades de control. ¿No le preocupa que se vaya el fiscal Baca?

La cooperación de Brasil, Panamá y Estados Unidos estableció una base de evidencias y pruebas de tal contundencia que van más allá de quien ocupe el cargo de fiscal.

¿Cómo evalúa el rol de la Procuraduría (excluida del juicio a último momento)?

Puedo decir que los abogados de la Procuraduría hicieron un trabajo muy profesional, muy bien hecho. Pero el procurador (Diego García) debió frentear el juicio, más aún cuando él fue quien autorizó el acta transaccional entre Hidropastaza y Odebrecht para su regreso.

¿Cree que hora tiene más garantías para denunciar?

El riesgo es el mismo, pero... La sentencia del miércoles no es el resultado de la presión del Ejecutivo, sino de las pruebas del proceso. Hay que apoyar para que las instituciones se depuren y funcionen. De lo contrario, sería como decir que la justicia estuvo en manos de León Febres-Cordero, luego pasó a las de Rafael Correa y ahora a las de Lenín Moreno. Si fuera así, no habríamos avanzado absolutamente nada. (I)

Asociación ilícita

Área anticorrupción
Una de las primeras acciones que el fiscal general Carlos Baca adoptó una vez que ingresó a la Fiscalía General del Estado, en mayo de este año, fue crear la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esta dependencia está dirigida por la fiscal Diana Salazar. El jueves pasado, Baca explicó que para fortalecer a la institución hace dos meses se constituyó una fuerza de tarea en la que se incluyó a once fiscales, a quienes se les ha dotado del apoyo técnico y profesional de analistas financieros, en seguros, en contratación pública y en lavado de activos, entre otras especialidades.

La fiscal
En sus inicios, el proceso por asociación ilícita estuvo en manos de la fiscal Diana Salazar. Ella fundamentó la audiencia de formulación de cargos en Quito con la que arrancaron los 90 días de instrucción fiscal. Las diligencias que adelantó –por ejemplo, la toma de versiones, los pedidos de asistencias penales internacionales o la realización de pericias– hicieron posible identificar los elementos de convicción para determinar la participación del vicepresidente de la República, Jorge Glas, en el delito investigado. Luego, por el fuero del funcionario, Salazar entregó el caso al fiscal general Carlos Baca Mancheno.

Sentenciados
En total 18 personas fueron investigadas por asociación ilícita en el caso Odebrecht, pero el 13 de diciembre solo nueve fueron sentenciadas. En la audiencia de dictamen, el fiscal Carlos Baca decidió abstenerse de acusar a José Conceição Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador, a los brasileños Mauricio Grossi, Ricardo Vieira y Claudemir Dos Pasos, y al ecuatoriano José Catagua. Pese a que entre los trece restantes acusados de autores del delito estaban el excontralor Carlos Pólit, los venezolanos Alexis Arellano y Freddy Salas, y el empresario ecuatoriano Ricky D., el que estos estén prófugos hizo que se suspendiera la etapa de juicio en contra de ellos, pues no pueden ser juzgados en ausencia.

Condena
Seis años de reclusión menor ordinaria recibieron cinco de los nueve procesados que llegaron a la audiencia de juzgamiento por el delito de asociación ilícita: el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, el exgerente de Transporte de Petroecuador Ramiro C., el exfuncionario de la Senagua Carlos V. y el empresario Édgar A. En cambio, a los coprocesados José T., Gustavo M. y Kepler V., todos empresarios, el Tribunal les impuso una pena modificada de catorce meses de prisión, la cual corresponde al 20% de la sanción. Según el conjuez Édgar Flores, ponente del Tribunal que resolvió el caso, esta sentencia se daba en atención a la cooperación brindada por estos a la Fiscalía.

En la construcción de cinco obras que estuvieron bajo supervisión y autoridad del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y de la Vicepresidencia es donde se produce... el esquema de sobornos...”.Carlos Baca, Fiscal general del Estado