Una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión es la pena que cumplirá Carlos F. tras ser encontrado culpable del delito de femicidio en contra de Cristina Palacio. El dictamen lo emitió la tarde de ayer el Tribunal de Garantías Penales del Azuay tras cinco días de audiencia.

Durante la última semana en la sala 108 del Complejo Judicial pasaron más de 50 testigos que rindieron versiones a favor y en contra. El Tribunal de Garantías Penales conformado por Carmita Campoverde, Guido Naranjo y Pedro Ordóñez encontró elementos suficientes como para sentenciar este cuarto caso de femicidio en la provincia desde el 2014.

Apenas se conoció la decisión, el júbilo estalló en familiares y activistas sociales que se mantenían en vigilia desde la semana pasada en los bajos del Complejo Judicial ubicado en la avenida José Peralta.

Publicidad

Antes de retirarse, la madre de Cristina bajó para agradecer su apoyo, enseguida fue escoltada por personal de la Fiscalía hacia el parqueadero subterráneo en donde finalmente se retiró a bordo de una camioneta oficial.

El fallo fue aceptado con agrado por Juan Carlos Salazar, abogado de la familia Palacio, quien dijo demostrar con pruebas la autoría del delito.

Entre ellas mencionó los exámenes psiquiátricos en los que demostraban que Carlos F., excompañero de trabajo de Cristina, estaba consciente de lo que hacía, las pericias que demostraron las heridas hacia la víctima, pruebas de ADN o que un collar de Cristina estaba en el bolsillo del sentenciado.

Publicidad

Otro elemento que se consideró fue que Carlos F. se entregó a la Policía atribuyéndose el posible femicidio. Aseguró que habría lanzado el cuerpo de la mujer al río en el puente Sixto Durán-Ballén luego de una discusión. En la casa del sentenciado se hallaron manchas de sangre de Palacio. 

El hecho ocurrió en Cuenca. Cristina, de 29 años, desapareció la tarde del 28 de marzo de 2017 tras salir de su trabajo.  Siete días después su cadáver fue encontrado en el embalse del río Cuenca. (I)

Publicidad

Implicado

El defensor del sentenciado, Ítalo Palacios, insiste en que Carlos F. tiene un trastorno mental permanente por lo que no debe estar en un Centro de Rehabilitación Social. Por eso anunció que apenas sea notificado por escrito apelará la sentencia impuesta.