Desde el 2008, cuando pasó a manos del gobierno de la llamada revolución ciudadana, TC Televisión no había registrado ganancias tan bajas como las que tuvo en el 2016.

Según sus propios balances económicos, el conocido TC Mi Canal reportó el año pasado rentas por $ 1,3 millones, es decir el 76% menos de las que había tenido en el año de la incautación, cuando alcanzó una utilidad de $ 5,6 millones. Y este año, según reveló la semana pasada el gerente de Medios Públicos, Andrés Michelena, este canal de televisión abierta proyectará, por primera vez, pérdidas por $ 5,1 millones.

El decaimiento económico del canal se produce pese a que los ingresos por ventas de publicidad se han mantenido altos, según los informes del gerente Carlos Coello Beseke, ingresos con topes de hasta $ 54 millones en el 2014. En el 2016 fueron de $ 37,2 millones.

“¿Dónde están esos $ 37 millones. Hoy TC es un canal que rinde pérdidas”, criticó Michelena al hacer públicos los manejos y gastos que consideró “excesivos” en los medios incautados por el gobierno de Rafael Correa. “Tenemos que destrabar las mentiras”, agregó tras cuestionar que TC se manejó de manera privada pese a tener como principal accionista o propietario al Estado, a través del Fideicomiso AGD/CFN No Más Impunidad, que luego cambió a Fideicomiso Medios y más tarde a Ugemed. Hoy, las acciones mayoritarias de TC siguen en manos del Estado, a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO, desde mayo pasado.

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Los documentos económicos del canal incautado a los hermanos Isaías, propietarios del cerrado Filanbanco, señalan que pese a los ingresos de TC los gastos administrativos (pagos de sueldos, bonificaciones, comisiones, honorarios, mantenimientos, etc.) fueron poco a poco reduciendo la rentabilidad de la compañía.

Cuando se produjo la incautación, el medio televisivo registraba gastos administrativos por $ 3 millones al año, gastos que se triplicaron en el 2010 y más aún en el 2011, cuando los “gastos por beneficios a los empleados” alcanzaron los $ 12,3 millones. En el 2016 bajaron a $ 6 millones.

“Circulaban sueldos abismales”, denunció Michelena, funcionario nombrado en el gobierno de Lenín Moreno.

Sin embargo, esta situación ya había sido expuesta por la Contraloría del Estado en informes del 2014, en donde observaba que los sueldos y bonos eran superiores al mandato constituyente, que regía para empresas privadas con mayoría de capital estatal. En el caso de TC, el 87% de sus acciones pasaron al Estado a través de un fideicomiso compuesto por el Fideicomiso AGD/CFN y la Secretaría de Comunicación.

“El gerente, los exgerentes, exvicepresidente y exdirector financiero administrativo cancelaron más de $ 166.921 por bonificaciones adicionales”, señala la Contraloría en el periodo 2008-2014, en el que también objeta que se contrató empresas asesoras para control interno, pero que los beneficiarios de estos pagos por $ 322 mil fueron miembros de la Secretaría del Fideicomiso Medios.

El 13% de las acciones de TC le pertenecen al Fideicomiso de los Trabajadores, los más preocupados, porque son garantes de $ 8,5 millones de deuda. “Tenemos sueldos bajos, equipos vetustos y hay despidos dizque para reducir la plantilla”. (I)