Cerca de 7.000 millones de dólares es el perjuicio al Estado según la causa por supuesta defraudación a través de la importación de gas licuado por el que se procesó al exministro Julio de Vido, quien ayer quedó sin fuero y detenido.

De Vido, el poderoso ministro que manejó fondos millonarios en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se entregó a la justicia luego de ser desaforado por el Congreso por supuesta corrupción.

Sobre De Vido pesaban dos órdenes de detención por presuntos delitos de corrupción.

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Analistas y políticos no descuentan que el desarrollo de las causas contra el exministro podría terminar salpicando a Fernández y a empresarios beneficiados con distintas obras.

Llamado el “cajero de Kirchner”, el exministro, un aficionado a las palomas mensajeras, fue ministro de Planificación durante doce años –ocho con Fernández y cuatro con su difunto esposo, Néstor Kirchner–, en los que estuvo a cargo desde la política energética hasta la de transporte, lo que le permitía disponer de partidas multimillonarias.

La justicia ya puso tras las rejas por acusaciones de corrupción a Ricardo Jaime, exministro de Transporte de Néstor Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, quien construyó una fortuna como concesionario de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

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También está en la cárcel el exsecretario de Planificación, segundo de De Vido, José López, arrestado en junio de 2016 cuando intentaba ocultar bolsos con unos 9 millones de dólares en un convento de monjas. “Quiero agradecerle a mi mano derecha en la obra pública, que es José López”, había dicho De Vido en julio de 2015.(I)

Los procesos

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Tragedia ferroviaria

Julio de Vido es investigado por el accidente ferroviario que mató a 52 personas en 2012. Está procesado como coautor de delito de descarrilamiento y partícipe de delito de defraudación, según un recuento del diario La Nación.

Compra trenes chatarra

Procesado por administración fraudulenta agravada que causó perjuicio económico al Estado por la compra de trenes inservibles a España y Portugal por más de 117 millones de dólares.

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Obra pública

Procesado junto con Cristina Fernández y otros funcionarios por asociación ilícita y defraudación a la administración por la concesión irregular de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

Subsidios a transportistas

Procesado por irregularidades en la entrega de subsidios a empresas de colectivos que fueron repartidos por la Secretaría de Transporte. Dichos subsidios a los colectivos ascendieron en 4.500% durante el kirchnerismo.