La Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles con 71 votos a favor –una de las votaciones más bajas en sus cuatro años– el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que crea un Servicio de Protección Público (SPP) compuesto por civiles que podrán portar armas letales.

La decisión de aprobarlo ahora se había dado horas antes en una reunión de la bancada oficialista. La coordinadora de bloque, Blanca Argüello (AP), dijo que ahí se tomó esta decisión orgánica, lo cual quiere decir que se votó y la mayoría optó por aprobar el proyecto. Y así bajaron al pleno de la Asamblea a las 17:11.

Horas antes, algunos oficialistas habían expresado su desacuerdo con que el proyecto sea aprobado en este periodo legislativo. Virgilio Hernández (AP) sostuvo que habría que revisar la constitucionalidad y la conveniencia del proyecto y que, por la delicadeza del contenido, ameritaba una reflexión mayor y el pronunciamiento de las nuevas autoridades.

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En la misma Comisión, AP se dividió. Seis oficialistas votaron por el libro III que contiene el SPP y una, Verónica Rodríguez, votó en contra, junto con la oposición. Rodríguez insistió hasta el final en la Comisión en que, según la Constitución, los dos organismos encargados de garantizar la seguridad pública son Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Al inicio de la sesión, la oposición esperaba que AP por sí solo diera quórum para que se pueda instalar el Pleno y si no, tenía previsto retirarse. Pero el oficialismo alcanzó 76 asambleístas presentes, siete más de los requeridos legalmente.

El SPP es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al ministerio rector de orden público, protección interna y seguridad ciudadana. Forma parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Sus servidores podrán hacer uso de medios “disuasivos y coercitivos” y actuarán con el debido cuidado y precaución en el empleo, “uso o manejo del armamento”, cumpliendo con la normativa de la materia, según el articulado aprobado.

La protección sería para el presidente y vicepresidente, en funciones o electos; candidatos calificados a esos cargos; las máximas autoridades de las demás funciones del Estado; “otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, por la función que ostentan”.

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Según datos de los ministerios del Interior y de Finanzas, la formación de este Servicio podría tomar diez años y el gasto anual promedio para el año diez sería de $ 16’461.800.

Fuera de la Asamblea, un grupo ciudadano esperaba la resolución del Pleno y portaba un cartel que decía: “Policía sí, mercenarios no”.

Esta plenaria –la cuarta del día– duró casi cuatro horas. Primero se leyó el informe y luego se iniciaron las intervenciones de sectores involucrados al proyecto. Por la noche se entró al debate entre asambleístas. A las 20:55 se votó y aprobó el proyecto. (I)