“En un estado de derecho no deciden los medios, no deciden las personas, deciden las instituciones a través de la norma jurídica” sobre qué temas son de interés público, dijo ayer la representante del Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, Viviana Paredes, que pide a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que sancione a siete medios de comunicación a pagar una multa de diez salarios básicos por una supuesta censura previa, tipificada en el art. 18 de Ley de Comunicación.