Fue una tragedia que pudo evitarse. 60 niñas fueron encerradas en un cuarto de 4x4 m², con la puerta bajo llave y las ventanas aseguradas, como castigo por la fuga de 19 menores el día anterior, quienes huyeron cansadas de los maltratos.

Un incendio el pasado miércoles en protesta por los maltratos, abusos sexuales y las malas condiciones en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, acabó con la vida de 37 niñas, 19 de ellas murieron calcinadas en el albergue que fue construido para 500 jóvenes, pero al momento del fuego había 800.

Ayer comenzó el doloroso adiós a las víctimas. Una de ellas fue Madelyn Patricia Hernández Hernández, de 14 años. Era huérfana desde los 3 años cuando pandilleros mataron a su madre por no pagar una extorsión, contó la abuela de la niña, María Antonia García.

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La joven se había portado mal, dijo García, pero se esperaba que saliera del albergue el 30 de marzo tras varios meses en el centro. Madelyn se quejaba de que ellas y otras niñas sufrían golpizas, contó la abuela a la AP.

Geovany Castillo relató que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le comentó que “el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta”. “Me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta les prendieron fuego a las colchonetas, comentó.

A las colchonetas de esponja les faltaban pedazos, los que las menores arrancaban para utilizarlos como toallas sanitarias. “Más que hogar parecía una prisión”, dijo al diario Prensa Libre una donante que trató de apoyar un programa ocupacional con niños y adolescentes en el centro, adonde la mayoría llegó por conflicto intrafamiliar, otras porque escaparon de sus casas o estaban implicadas en alguna riña.

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“Casi nadie dona ropa interior o toallas sanitarias”, indicó la donante, quien descubrió a través de quienes lavan la ropa que las niñas “¡no tienen ni sus propios calzones!”.

Contó que le llamó la atención de que a muchos de los menores les suministraban fármacos psiquiátricos. “No sé si lo hacían para mantenerlos tranquilos”.

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Denuncias y quejas de familiares, organizaciones fueron presentadas, pero no tuvieron eco. La Oficina del Procurador de Derechos Humanos documentó 45 abusos en el hogar entre 2012 y 2016, entre ellos indicios de maltrato a niños, niñas y adolescentes por parte de los monitores; posible reclutamiento con fines de trata; 15 adolescentes varones en conflictos con la ley penal, infraestructura o mobiliario colapsado, publicó elperiodico.com.gt.

“Ellos –los encargados– sabían lo que estaba pasando y cerraron los ojos, no quisieron ver. Ahora pido justicia por lo que pasó y que todo el pueblo de Guatemala pida el peso de la ley”, dijo a Prensa Libre Rosa María Tobar, madre de Rosa Julia Espino Tobar, menor que soñaba con ser secretaria y sus sueños se fueron a la tumba.

Ayer, Blanca Lidia Martínez, abuela de dos niñas internadas en el hogar, dijo al elperiodico.com.gt que aún desconocía si sus nietas habían fallecido en el incendio. Indicó que le confirmaron que estaban en la morgue, pero al registrar el listado no las encontró.

La información sobre lo que sucedió en ese centro de acogida para adolescentes, que depende del Gobierno, llega a cuentagotas y es brutal.

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Las críticas se dirigen al gobierno de Jimmy Morales y a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La tragedia es un “crimen de Estado”, gritaron en las calles. (I)

Abusaban de mi bebé, la PGN se llevó a una niña llena de ilusiones, quería ser algo en la vida, ahora me entregan un cadáver, me la arrebataron, la abusaron sexualmente.María Marroquín, exinterna