En Guatemala, la lucha contra la corrupción tiene apoyo de ONU

“Que robe, pero que haga obra” es una frase popular que se escucha sobre la tolerancia a la corrupción en varios países. Lo recuerda la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana.

El Ministerio Público, que dirige desde el 2014, ha sido pieza clave en la investigación del caso de corrupción aduanera ‘La Línea’, por el cual están encarcelados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Y es que este país centroamericano de unos 13 millones de habitantes es una especie de laboratorio, por implementar hace nueve años un mecanismo internacional para luchar contra la corrupción: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig ha sido la otra piedra angular de las investigaciones como un ente de apoyo a la Fiscalía. Inició sus tareas en 2007 cuando el Gobierno de la época acudió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para obtener apoyo a fin de desarticular aparatos clandestinos de seguridad, legado de un conflicto armado interno de 30 años.

La gestión de la Cicig tiene tres objetivos: investigar la existencia y los vínculos de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; colaborar con el Estado para su desarticulación e investigación de los delitos cometidos por sus integrantes; y hacer recomendaciones al Estado para la adopción de políticas destinadas a erradicarlos.

Aldana, quien fue nombrada por el propio Pérez Molina, expresa que los aspectos que han ayudado a la gestión del organismo han sido, entre otros, la reforma a la Ley contra la delincuencia organizada que permitió la creación de entes especializados y la figura del colaborador eficaz; la voluntad política para las investigaciones; la independencia; el presupuesto; el método de selección para el cargo; y la confidencialidad.

Un ejemplo: la orden de captura contra Pérez Molina fue conocida solo por cuatro personas: el fiscal del caso, el juez, ella misma y el jefe de la Cicig.

Según Édgar Gutiérrez, coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el caso del expresidente marca un antes y un despúes para Guatemala, donde había la percepción de una amplia y profunda corrupción en el Estado, a la que ahora ya se está combatiendo.

Resalta que en los procesos investigativos desarrollados por diversas entidades se ha demostrado verdadera independencia y que esta ha sido legitimada por la ciudadanía que salió a las calles por 20 semanas consecutivas el año anterior.

A su criterio, los encarcelamientos de los exmandatarios, a criterio de Gutiérrez, han afianzado una especie de autoestima, de empoderamiento de la población. Cree además que ha permitido que la gente se politice, en el sentido de participación, buscando alternativas al sistema de corrupción que impera en Guatemala.

Para Luis Linares, coordinador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), antes había cierta resignación al decir que “todo el mundo roba, con tal de que hagan algo”. Pero considera que hoy el rechazo a la corrupción sigue latente y hay expectativa interna sobre los procesos judiciales a expolíticos detenidos.

“Se siguen denunciando hechos de corrupción y abusos que creo yo que es como estar jugando con fuego por parte de algunos de los políticos (...) porque en algún momento dado puede haber un estallido de cólera de la población”, anota.

Xavier Zepeda, director de la Cámara de Industrias de Guatemala, considera que la corrupción no solo proviene desde las alturas del poder sino también desde hechos más comunes como comprar películas pirateadas o “chafas”, pasarse un semáforo en rojo, o pagarle a un policía. Ante ello aplicarán un proyecto para concienciar a la ciudadanía sobre ese problema, además de capacitar y generar herramientas para no caer en la corrupción.

“Un problema de 30, 40 años atrás, histórico-cultural, no se resuelve en 3, 4 años; esto es algo que nos va a llevar muchísimo tiempo pero o somos parte del cambio o nos quedamos siendo parte del problema, siendo parte de la misma cultura, eso empieza por cada uno de nosotros”, refiere Zepeda. Luego, aspiran a compartir esa experiencia con otras naciones.

Tras la captura de Pérez Molina las investigaciones sobre otros casos continúan. “Yo no creo que ahorita ningún guatemalteco vaya a decir que robe pero que haga obra, ya no”, asegura Aldana, pues considera que la cultura de tolerancia a la corrupción ha cambiado. Al menos en Guatemala. (I)

Institución

Vida

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es financiada con contribuciones voluntarias de diferentes países. Funcionará hasta el 2019. La dirige el colombiano Iván Velásquez.

Informe

En la presentación del informe de labores por los nueve años de acción de la Cicig, Velásquez señaló que el caso “La Línea” permitió entender el modus operandi y los procesos de coordinación interna de redes políticas económicas ilícitas.