Hasta el 22 de julio, el Gobierno utilizó $ 151 millones de los más de $ 300 millones que ha recaudado el Servicio de Rentas Internas de los impuestos creados por la denominada Ley de Solidaridad para financiar la reconstrucción.

De estos $ 151 millones de la subcuenta de la Ley de Solidaridad, el Gobierno traspasó $ 120 millones (79%) a su cuenta única para pagar a proveedores del sector público de Manabí y Esmeraldas, sin especificar si los pagos se hicieron por servicios prestados antes o después del terremoto.

El traspaso ha sido cuestionado por diferentes sectores de la oposición y de Alianza PAIS, los que han pedido explicaciones al Ministerio de Finanzas sobre el destino y beneficiarios de los $ 120 millones.

“Con los recursos el Ministerio de Finanzas ha venido pagando a las empresas o personas naturales proveedoras de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas, conforme la ley”, explicó Finanzas a este Diario. También aclaró que $ 3,6 millones salieron de la subcuenta solidaria como devolución a la cuenta única del Estado, de la cual se había destinado esa cantidad para “transferencias por compensaciones de las asignaciones presupuestarias en la proforma del 2016 a los GAD de Manabí y Esmeraldas”.

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Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de estas dos provincias se destinaron $ 8 millones (5,3%), según los reportes del Ministerio de Finanzas, mientras que para la empresa pública Ecuador Estratégico se dieron $ 6 millones (3,9%). Esta empresa, según el decreto presidencial 1004 del 26 de abril, es la encargada de diseñar y ejecutar los proyectos de inversión de infraestructura pública, vivienda, reconstrucción y reactivación y empleo en las zonas de desastre. El 28 de abril, el gerente (e) de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, declaró el estado de emergencia, lo que le permite contratar de manera directa, por lo que esta información no es pública.

Otros $ 13,8 millones (9,16%) han sido destinados para bonos de vivienda. La dirección provincial del Miduvi en Manabí ha pagado esa cantidad a unos cincuenta contratistas encargados de construir las casas.

Entre ellos constan empresas como Cubiertas del Ecuador Ku-biec ($ 1,9 millones), Mapreco ($ 1,5 millones) o Centurysteel ($ 776 mil).

También constan como contratistas de viviendas –los contratos van desde $ 12 mil a $ 400 mil– exfuncionarios de entidades públicas. Entre ellos, por ejemplo, figuran exanalistas zonales de infraestructura física de ministerios, extecnólogos en topografía de gobiernos provinciales o cantonales, exfiscalizadores de obras, exadministradores de contratos, etc. “El hecho de que hayan sido funcionarios públicos, ellos se han calificado ante el Miduvi, ya están en el libre ejercicio de su profesión”, dijo Fernando Zambrano, coordinador zonal del Miduvi en Manabí, al explicar que a estos se elige por sorteo. (I)