El retiro de Ecuador de la Comunidad Andina ha sido planteado en el enlace ciudadano 483, como una posibilidad. Tal decisión, eventual, obedecería a los resultados negativos que registra la balanza comercial con el bloque, negativa desde hace algún tiempo, lo que obedecería a la posición de desventaja del país en materia cambiaria: mientras Colombia y Perú, básicamente, “pueden” depreciar sus monedas nacionales, Ecuador no tiene esa opción, lo que acentúa el desequilibrio externo y perjudica la dolarización.

La salida al problema sería la introducción de una salvaguardia cambiaria automática: se prevé demandar a la CAN la vigencia de una regla que, en relación con una base, supongo yo, permita activar de forma inmediata un “disparador” arancelario –u otro mecanismo– para Ecuador, de efecto similar al cambio de las paridades de las monedas de esos países. Esto neutralizaría la mayor competitividad de las exportaciones de los andinos. De no aceptarse esa demanda, Ecuador estudiaría dejar el bloque.

Sobre el tema, caben algunas precisiones: primero, Colombia y Perú no devalúan sus monedas. Estas, vista las modalidades de su respectiva conducción monetario-cambiaria, están sujetas a depreciaciones determinadas por circunstancias de mercado, lo que ocurre en los países que aplican modelos de paridad flexible. Los bancos centrales no adoptan tales decisiones. Después del brexit, por ejemplo, la libra esterlina registró una caída muy importante respecto al euro y al propio dólar, lo que no se debió a acción alguna del Banco de Inglaterra, sino a factores percibidos por los agentes sobre el desempeño económico futuro de Gran Bretaña.

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La depreciación del peso colombiano y del sol peruano –no decidida por sus bancos centrales–, efectivamente altera las condiciones de competencia, al menos en el corto plazo: sin embargo, Ecuador no ha neutralizado esa desventaja desde el año 2000, cuando adoptó la dolarización, pues en todo este periodo no ha habido política comercial alguna, definida a base de objetivos claros y en relación con expectativas de gestión macroeconómica y estímulos que habrían posibilitado el cambio de la oferta exportable y el acceso a nuevas producciones que capten mercados o logren aumentos de competitividad general que permitan la racionalización natural de las importaciones de bienes y servicios. Los países que exportan y son competitivos desplazan de su mercado interno a buen número de compras externas. En Ecuador, además, la respuesta de los agentes privados y sus iniciativas por el cambio e inversiones con recursos propios tampoco ha sido determinante, por lo que no pudo aprovecharse la larga época en la que el dólar estuvo depreciado.

La aceptación de una salvaguardia cambiaria automática por parte de la CAN es, a mi juicio, improbable. Colombia y Perú aplican modelos de orientación exportadora, han suscrito varios acuerdos comerciales en el mundo, privilegian en sus relaciones externas reglas de mercado, en economías de mercado. Para ser “efectiva”, esa misma salvaguardia debería aplicarse a las monedas de los países y/bloques con los que el Ecuador comercia, dependiendo del peso que tengan en nuestro comercio de importación. Es decir, se debería aplicar la salvaguardia automática a China, Corea, Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros. Definitivamente, esto es imposible.

Tampoco en la OMC, bajo otra perspectiva, hay, con el conjunto de los países miembros, acuerdo alguno para la aplicación de restricciones al comercio: es cuestión de revisar el acta de la última reunión del Comité de Balanza de Pagos de la OMC del 23 del mes pasado.

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Asimismo, un eventual retiro de Ecuador de la CAN sepultaría definitivamente el posible Acuerdo Ecuador-Unión Europea. Este es un Acuerdo Multipartes: significa que en el Acuerdo participan, por un lado, los países andinos, Colombia, Perú y Ecuador y, por otro, la UE. El alejamiento de la CAN impediría la adhesión del Ecuador a ese instrumento.

Finalmente, el bloque es ahora una suerte de mercado de desarrollo para producciones y ventas de productos con mayor incorporación tecnológica, y en el que participa un importante segmento de las Pymes. Abandonar la CAN –el eventual retiro no es de aplicación inmediata– tendría impacto negativo sobre el empleo y el propio saldo externo.

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En fin, los países andinos negocian actualmente una nueva decisión sobre el marco regulatorio para la interconexión eléctrica en la subregión, proceso en el que participa Chile, país asociado a la CAN. El marco actual vence el 31 de agosto de este año.

De salir el Ecuador de la CAN deberá negociar acuerdos bilaterales con los cuatro países, lo que implicaría demoras de distinto tipo para el modelo exportador de energía que se ha planteado el propio Gobierno. Gracias a la norma supranacional andina Ecuador ha logrado exportar recientemente electricidad a Colombia, por montos muy importantes. Los proyectos gubernamentales para consolidar esas nuevas exportaciones serían afectados seriamente.

La CAN trabaja también en una agenda de telecomunicaciones ambiciosa, que supone la vigencia del roaming automático en los cuatro países para el año 2017, otro tema que debe ser ponderado cuidadosamente.

Parecería, pues, que hay que adoptar otros arbitrios, relacionados más bien con la definición urgente de una política comercial de largo plazo, que permita alcanzar objetivos nacionales en materia de cambios externos, empleo e inversiones. Una política comercial que genere los cambios esperados.

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Mientras, una agenda transicional podría ser iniciativa de Ecuador ante la CAN, un espacio que nos es natural por muchas razones. Sobre esto volveremos en otra entrega. (O)

Un eventual retiro de Ecuador de la CAN sepultaría definitivamente el posible Acuerdo Ecuador-Unión Europea. Este es un Acuerdo Multipartes: significa que en el Acuerdo participan, por un lado, los países andinos, Colombia, Perú y Ecuador y, por otro, la UE. El alejamiento de la CAN impediría la adhesión del Ecuador a ese instrumento.