Casi ocho años han pasado desde que se colocó la primera piedra del proyecto de Refinería del Pacífico en la zona de El Aromo, en Manta (Manabí). En ese tiempo el Gobierno no consiguió el financiamiento para esta obra que inicialmente tenía un costo de $ 10.000 millones y se construiría con la participación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como socio. PDVSA no aportó el capital comprometido, el régimen intentó atraer la inversión de un consorcio chino, pero tampoco quiso. Sin embargo, el presidente Rafael Correa quiere seguir con el proyecto que, además, ahora costaría $ 13.000 millones.

A falta de inversionista, el Gobierno buscará crédito externo. Para solventar el nuevo valor, la deuda externa se incrementaría en el 30% respecto del monto actual y sobrepasaría el tope establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: el 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

La búsqueda de un crédito para un proyecto de esta envergadura se complica en un mercado petrolero actual en crisis debido a la reducción del precio del petróleo y la presión que existe por generar energía más limpia, según analistas consultados por este Diario.

Un estudio realizado por la consultora de origen estadounidense Mc-kinsey determina que las inversiones ya realizadas implicaron un aumento en la capacidad instalada de refinación de 1,2% al año durante el 2005 al 2015. Y que las previsiones indican que la capacidad de refinación suba 1,6% anual en los próximos cinco años con lo que ya se está ejecutando. “Ecuador quiere tener su refinería, pero vemos que ya están en proceso y se están realizando estas inversiones a nivel mundial en Asia y en Medio Oriente”, asegura Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal.

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En estas condiciones, el Gobierno tiene previsto financiar esta nueva refinería de la que no se ha informado sobre la rentabilidad que generaría, ni si habrá el crudo necesario para el procesamiento. Se trata de una obra que vale más del doble de los $ 5.500 millones que costó la ampliación del canal de Panamá construida en nueve años y que tiene previsto ingresos de $ 1.500 millones por año.

El ministro coordinador de Asuntos Estratégicos, Rafael Poveda, aseguró en entrevista con el periódico El Telégrafo publicada el 24 de septiembre pasado, que en caso de no construirla, el país requerirá $ 9.000 millones anuales en los próximos seis años por importación de combustibles.

Teodoro Bustamante, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), especialista en temas petroleros y deuda externa, asegura que hace falta transparencia en temas como de dónde se obtendrán los 200.000 barriles de crudo al día que, se ha anunciado, sería la capacidad de procesamiento que tendría la refinería: “En el mundo hay diferentes ofertas que indican esto vale tanto y tiene tanta rentabilidad, cuando no hay un mecanismo abierto es difícil que se den los recursos”, dice.

La producción petrolera nacional bajó de 203 millones de barriles, en 2014, a 198 millones en 2015. En promedio, el país produce 550.000 barriles de crudo por día. Para exportación se destinan 420.000 de ellos y el resto se envía a la refinería de Esmeraldas con capacidad de procesar hasta 110.000.

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El presidente de la República, Rafael Correa, dijo esta semana que podría hacer uso de la excepción que da la ley, en caso de proyectos considerados estratégicos, para que el valor de la refinería no se sume al total de la deuda pública acumulada y así no sobrepasar el techo de endeudamiento. En ese caso, debe realizar el pedido formal ante la Asamblea Nacional.

Es una opción para un primer mandatario que llegó al poder en 2007 con un discurso de condena a la forma como se había manejado el pago de la deuda. El actual ministro de Defensa, Ricardo Patiño, fue coordinador del movimiento Jubileo 2000 en Guayaquil, un movimiento cuyo lema ha sido “La vida antes de la deuda”.

Este endeudamiento llegaría cuando el monto de la deuda pública se ha triplicado del 2009 al 2015, luego de que el actual régimen declarara en 2008 como ilegítima la deuda y estableciera una moratoria.

En septiembre de 2009, el Gobierno anunció que recompró los mismos bonos que había cuestionado al 35% de su valor nominal. La operación hizo que el peso de la deuda pública con respecto del PIB bajara al 16,4%. Hoy es del 33,4%.

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Tras la moratoria y la recompra de bonos, el país ha accedido a condiciones de endeudamiento más severas: altas tasas de interés y corto plazo. El servicio de deuda, lo que se paga cada año para cubrir capital e intereses, subió el 80% de 2010 al 2015 (ver cuadro).

Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal –ONG que hace análisis de las finanzas públicas–, afirma que el pago de intereses anual por la deuda pública pasó de $ 549 millones en 2009 a alrededor de $ 2.000 millones este año: “En las condiciones actuales, es una irresponsabilidad querer financiar una refinería”, agrega.

En tanto que el analista Acosta Burneo asegura que antes de buscar financiar una obra de este tipo, se debe primero analizar la presión que ejerce el pago de la deuda en el presupuesto estatal anual: “En 2010, el servicio de deuda era equivalente al 10% de los ingresos fiscales. Al 2015 este monto pasa al 34% de los ingresos”, dice.

El encarecimiento del crédito se evidencia en la emisión de bonos. Por ejemplo, si el país los emitiera en la actualidad pagaría alrededor del 11% de interés, mientras que Perú y Colombia pagarían una tasa del 4% y 5%, en su orden, según el nivel de riesgo país que tienen los tres países, afirma Acosta.

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A mayo pasado, el 49% de la deuda pública estaba sujeta a tasas de interés fijas que van del 5,1% al 8% a un plazo de cinco a siete años. Son condiciones de endeudamiento peores de las que tienen países como Chile, cuyas deudas totales alcanzan el 63% del PIB.

Mauricio Pozo, analista económico y exministro de Finanzas, afirma que en países como Estados Unidos, este porcentaje sobrepasa el 100% de su PIB. “Son naciones que tienen un mayor acceso a financiamiento en mejores condiciones a 15, 20, 30 años plazo”, asegura.

El monto oficial de deuda no incluye los valores que ha obtenido el Gobierno por la venta anticipada de petróleo, al igual que las operaciones que el régimen considera de corto plazo para darle liquidez a la economía. Entre ellos, los certificados de tesorería (Cetes) –que son títulos que vende el Gobierno a plazos inferiores a un año–, los bonos que compra el Banco Central al Ministerio de Finanzas con el dinero de las reservas internacionales y los títulos del Banco Central (TBC).

“Los casi $ 35 mil millones de deuda oficial más lo que no se considera como tal representan seguramente alrededor del 43% del PIB”, dice Carrera, sin considerar el costo de la refinería.

Además, se excluye desde este año el aporte del 40% que debía realizar el Gobierno al IESS para las pensiones jubilares, cuya obligatoriedad fue eliminada en abril de 2015.

Los prestamistas de la deuda también han cambiado desde 2009. China pasó a ser el principal acreedor bilateral con una deuda que asciende a $ 6.415,8 millones a mayo pasado, seguido por Reino Unido con $ 882,7 millones. (I)

Solo la refinería nos costaría $ 13 mil millones..., entonces tenemos que iniciarla con financiamiento”.Rafael Correa, Presidente de la República, esta semana en conversatorio con los medios.