Tras conocerse el débito de 41 millones de dólares por parte del Ministerio de Economía al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la venta en febrero del 2010 de 66 lotes de terreno en los que ahora se asienta el Parque Samanes de Guayaquil, al Ministerio del Ambiente, surgen cuestionamientos.

Enrique Herrería, director del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, indicó que "cuando vengan otras autoridades de control van a glosar al propio Presidente de la República (Rafael Correa) porque no tenía posibilidades de tomar esa decisión, ya que constituye arrogación de atribuciones que son propias solo de los jueces que tenían que conocer y resolver esos casos"

El débito, que fue anunciado el pasado martes, es consecuencia de la disposición emitida por el mandatario y que fue confirmado por el informe de la Procuraduría y por el informe de la Contraloría.

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Luego de esto, la Contraloría predeterminó responsabilidad civil culposa y aplicó una glosa por $ 41 millones en contra de la exministra del Ambiente y actual asambleísta (AP) Marcela Aguiñaga y de las personas que firmaron el contrato de compra y venta entre esta cartera de Estado y el Issfa.

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Ante la interrogante de que podría desaparecer la glosa si el Gobierno lo cobra mediante débito, Herrería  indicó al noticiero de Ecuavisa que si esa es la intención, "no hay manera, no vamos hablar si es mucho o poco lo que se pago en la compra y venta, ya no existe manera para que se retiren esos recursos del Issfa porque preescribieron todas las acciones que se podían llevar a cabo... ya no hay posibilidad de que esos recursos regresen al Estado, se quedaron en el Issfa".

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Para el observador, la única salida legal para, que exista el Estado derecho en el país, es que la Contraloría establezca responsabilidades de glosa para todos los que intervinieron en la negociación, y así tengan que entregar al Estado los valores correspondientes ($ 41 millones). (I)