(Actualizado a las 23:30)

El Ministerio de Economía de Ecuador debitó al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) los 41 millones de dólares del parque Samanes, por la venta en febrero del 2010 de 66 lotes de terreno al Ministerio del Medio Ambiente, confirmó este martes el ministro de Defensa, Ricardo Patiño.

El ministro indicó que el débito ya está realizado. "El Ministerio de Finanzas, como debió haberlo hecho, como corresponde que lo haga, ya hizo el débito correspondiente a la cuenta del Issfa y (entregó) el crédito al Ministerio del Ambiente".

El débito es consecuencia de la disposición emitida por el presidente de la República, Rafael Correa, y que fue confirmado por el informe de la Procuraduría y por el informe de la Contraloría. "No hay nada que discutir al respecto, cumplir, es simplemente cumplir lo que se ha dispuesto", dijo.

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En febrero pasado, Rafael Correa ordenó descontar al Issfa la cantidad mencionada porque, según dijo, fueron pagados en exceso por la compra de lotes de terreno en lo que ahora es el Parque Samanes, en Guayaquil, de parte del Ministerio del Ambiente.

El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, había indicado que la decisión de la Procuraduría, del 18 de noviembre del 2015, determina la devolución a Ambiente del dinero y que era de cumplimiento inmediato.

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La exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y el exministro de Defensa, Javier Ponce, estuvieron involucrados en la compraventa de las 220,86 hectáreas que el Estado adquirió en el 2010 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) en Samanes y que ahora ha desatado una polémica por un supuesto pago en exceso.

Los militares en servicio pasivo tenían previsto pedir al contralor Carlos Pólit una aclaración sobre los resultados del examen especial elaborado al proceso de compraventa de los 66 lotes de terreno.

Fuentes militares informaron el martes que el alto mando de las Fuerzas Armadas no tenía conocimiento de este descuento, al que habrían calificado como “arbitrario”, por lo que optarían por el “debido proceso”.

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Patiño advirtió que los oficiales no van a pronunciarse sobre la decisión.

“...Deben una disciplina al poder civil, pero no solamente por una cuestión de disciplina, sino también porque yo permanentemente estoy conversando con ellos. Estamos conversando sobre los temas, que el diálogo nos permite que no haya en ningún caso una diferencia, una ruptura, peor pública, que por supuesto, no podrá producirse en ningún caso”, indicó.

Los militares en servicio pasivo se convocaron para el miércoles a las 10:30 a una concentración en el Círculo Militar en Quito, y prevén dirigirse al Consejo de la Judicatura, para presentar una medida cautelar que impida que se debiten dichos recursos, aunque ya se haya dado.

Además, rechazan afirmaciones del presidente Rafael Correa “que reiterativamente afectan el honor y la dignidad institucional”, señala un comunicado público.

Bolívar Silva, delegado de los oficiales en servicio pasivo en el Consejo Directivo del Issfa, confirmó la acción que ejecutó el Ejecutivo, pero recordó que ellos mantienen una deuda que bordea los $ 361 millones desde el 2014 con el Instituto. (I)