La oposición acusa a Dilma Rousseff de haber maquillado las cuentas públicas de 2014, durante la campaña electoral, para minimizar el impacto de la crisis y promover su reelección, pues habría cargado a los bancos públicos gastos correspondientes al Gobierno por un total de 41.000 millones de reales (11.200 millones de dólares) en 2014. Estas prácticas se habrían reproducido al comienzo de 2015, después de su reelección, según sus opositores.

Esto podría causar problemas para que la mandataria pueda terminar su segundo periodo presidencial, debido a que más allá del derecho, se trata de un proceso político cuyo resultado dependerá del juego de fuerzas en el Congreso.

Según las últimas encuestas, el 60% de los brasileños está a favor de la destitución de la presidenta, cuya popularidad se fue en picada a mínimos históricos. Hoy está en 10%. (I)