Que los procesos penales y administrativos contra opositores habrían servido para satisfacer intereses políticos del Gobierno. Esa fue la conclusión a la que llegaron especialistas en Derechos Humanos y Derecho Penal tras el foro ‘Sistema de justicia como instrumento de persecución política’, el miércoles pasado, en el Centro de Convenciones en Guayaquil.

En el mismo evento hubo un acto de “desagravio” para las personas que han afrontado procesos judiciales por supuesta persecución política.

Entre ellos estaban el transportista Francisco Sampedro, procesado por supuesto tráfico ilícito de armas químicas, nucleares o biológicas; el líder de la FEUE, Javier Rojas, encarcelado por supuesto ataque o resistencia; y familiares de la concejala de Loja, Jeannine Cruz, quien está detenida por una querella por presunto “descrédito y deshonra” contra el alcalde de Loja, Bolívar Castillo.

María Dolores Miño, especialista en derechos humanos, expresó que la justicia no es independiente ni imparcial en el país; además, que en algunos casos no se respeta el debido proceso, violando los tratados internacionales.

Juan Vizueta, catedrático en derecho penal y defensor de Sampedro y Rojas, afirmó que hay una campaña del Gobierno para “acallar” las voces críticas o fiscalizadores del Gobierno.

Aseguró que los casos evidencian “una pesca de tipo penal para evitar que salgan inmediatamente en libertad y esto emita un mensaje de advertencia al resto de la sociedad, en el sentido de que todo aquel que proteste en contra del régimen de Rafael Correa va a ser severamente sancionado”.

Enrique Herrería, director del Obervatorio de Derechos y Justicia, comentó que se hizo un recuento y análisis de doce casos en los que presuntamente hubo persecución política. Pero Vizueta cree que hay más de 700 en todo el país.

“Queremos dejar constancia que en el Ecuador no existe estado de derecho, no tenemos democracia porque no hay un sistema de justicia independiente”, agregó el jurista. (I)