La reforma laboral que presentará el Gobierno con carácter de económico-urgente tras el receso de la Asamblea incluiría una figura denominada “paro parcial” para las empresas.

Esta permitiría que las compañías que estén en crisis o que hayan bajado sus utilidades no cierren definitivamente sino que mantengan su actividad aunque reducida hasta el 50%.

De la misma manera, se reduciría hasta en un 50% la jornada laboral. Esta declaratoria se podría hacer por seis meses renovables por un periodo igual, solo una vez.

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Así lo anunció ayer el ministro del Trabajo, Leonardo Berrezueta, durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y el propio ministerio.

El funcionario indicó que una empresa podrá declararse en paro parcial cuando “tenga una situación de crisis, de quiebra”. Explicó que en el Código Laboral ya se establece el paro total de actividades y que ahora se plantea que esto solo sea hasta la mitad.

Para aplicar esa figura, la interesada firmaría un convenio con los trabajadores, que deberán estar de acuerdo en que su jornada sea disminuida hasta en un 50% y a quienes se les pagará según las horas trabajadas. Mientras, el pago a la seguridad social se mantendría al 100% del salario, pero lo asume el empleador.

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La reforma podría presentarse luego del 29 de febrero, cuando la Asamblea retome sus actividades.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, consideró que si bien los empresarios apoyan toda medida que busque incentivar el empleo, bajar las horas de trabajo y la producción tendría consecuencias negativas.

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Si el empleado gana la mitad, ya que solo trabaja media jornada, el Estado debería apoyarlo con una compensación, dijo. De lo contrario, incluso para las empresas la situación se torna difícil, pues bajaría el poder adquisitivo de los consumidores.

La figura de “paro parcial” no agrada al presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez, para quien sería cargar la flexibilización laboral en los hombros de los trabajadores: “A nosotros se nos rebaja a la mitad de lo que percibimos“, explicó.

Más bien pidió que se exija a los empresarios que traigan el dinero que sacaron al exterior, que la banca baje intereses y emprender una campaña de apoyo al agro.

En cambio, el ministro Berrezueta aclaró que “no se genera flexibilización laboral, pues no existe reducción de sueldos, ni incremento de horas de trabajo que no sean debidamente pagadas”.

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Alarcón anunció que la Cámara de Comercio de Quito impulsará un diálogo entre trabajadores, empleadores y el Gobierno. Comentó que el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) presentará una propuesta esta semana. (I)