Entrevista con el Superintendente de Compañías (e)

En el caso de Terrabienes, el superintendente de Compañías (e), Víctor Anchundia, asegura que por primera vez esta entidad pidió a un juez constitucional que se dicten medidas cautelares como la prohibición de enajenar bienes del grupo empresarial Ortega-Trujillo y que sus administradores no puedan abandonar el país.

¿Qué sucedió en Terrabienes?
Es una relación causa-efecto, una crisis económica sumado a una administración tal vez poco afortunada, pero es resultado de una administración... que los recursos seguramente los llevaron a otro tipo de inversiones, todo negocio está sujeto a un riesgo, es lo que en forma general le podría indicar. Ahora, el efecto, el reflejo de aquella buena o mala administración o desafortunados criterios llevó a que no cumpla con las obligaciones que adquirió con las personas que tenían la intención de adquirir inmuebles.

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¿Se critica falta de control?
La Superintendencia de Compañías dentro de su campo de control lo que ha estado realizando no ahora, sino durante varios ejercicios económicos es la revisión permanente y constante de la parte que le corresponde, libros sociales, estados financieros, de muchas de las compañías que conforman el grupo (Ortega Trujillo), porque no es una sola compañía, son varias, por eso hablamos del grupo Terrabienes.

¿De cuántas hablamos?
Si nos centramos en el grupo inmobiliario hablamos de unas cuatro compañías: Terrabienes, Urnosa, Promonacc y Altoversa, para identificarlas por un nombre.

¿Y si hablamos de todo el grupo?
Hablamos aproximadamente de unas 30 a 40, en estos momentos algunas se encuentran sujetas a una inspección especial y puntual.

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¿Cuándo conocieron de la crisis de Terrabienes?
Una crisis económica no se da de un día para otro, es un proceso o es consecuencia de otras crisis, sabemos que este grupo abarca varias compañías, una de ellas Seguros Bolívar, Anglo Ecuatoriana, compañías que al tener crisis económica por sus actividades mercantiles fueron contaminando y perjudicando a otras del mismo grupo.

¿Terrabienes reflejaba alguna crisis en sus estados financieros?
Las compañías cumplían en su parte formal, presentación de balances, información financiera... en nuestras labores de control pedíamos información, nos daban lo que requeríamos, en ocasiones se demoraban, algunas de esas compañías no cumplieron a tiempo y por eso fueron objeto de disolución...

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¿Cuál?
La compañía Altoversa se encuentra en liquidación antes de que ocurra la crisis como consecuencia de las labores de control de la Superintendencia.

¿A partir de ahí se dio un efecto en cadena?
Altoversa al no presentar los balances a tiempo procedimos a disolverla, luego en otra labor de control Terrabienes no presentó la información que requería el departamento de control, nos llevó a que pusiéramos las medidas de intervención, y así poco a poco fuimos descubriendo, sumado al hecho de que comenzaron a llegar las quejas de los perjudicados.

¿Qué acciones ha cumplido la Superintendencia de Compañías?
La actual administración ha sido en esta ocasión bastante proactiva, hemos ido más allá de lo que la ley nos faculta, pero sin violar la normativa, hemos coordinado un sinnúmero de acciones con otras instituciones, con la Defensoría del Pueblo, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Justicia. La Superintendencia de Compañías tiene un menú de acciones para ejercer el control como son las juntas, la intervención, la disolución de la compañía. Esas herramientas en otras ocasiones han quedado cortas, pero en esta oportundidad hay que resaltar que la Superintendencia de Compañías por primera vez comparece como actora ante un juez constitucional, logró obtener medidas cautelares, ¿qué consiguió?, que todos los bienes del grupo Ortega estén con prohibición de enajenar, que todos los administradores del grupo Ortega tengan prohibición de salir del país. La Superintendencia de Compañías acudió a la Función Judicial para precautelar los intereses de la ciudadanía. Hoy en día las compañías se encuentran intervenidas, deberíamos disolverlas, pero insisto, la actual administración es muy preocupada por las personas perjudicadas. Una disolución qué significa, que la compañía deja de operar, al dejar de operar tendrá que haber una prelación de créditos, habrá que vender los bienes que tenga la compañía para pagar a los acreedores y para ese pago el Código Civil nos da una prelación, a quién le debo de pagar primero y sabemos a quién debemos pagar primero, al Estado, a los que tengan créditos privilegiados como son los bancos o las hipotecas...

¿Y los perjudicados?
Los perjudicados son acreedores que tendrían que ir en su momento que les toque cobrar... quedan como cualquier acreedor adicional que tenga la compañía.

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¿Al final?
Exactamente, y eso es lo que no quiere la Superintendencia de Compañías y está en este momento agotando a través de la intervención una última posibilidad que pudiera existir para que las compañías a través de los administradores, porque eso ya es decisión privada, puedan llegar a un arreglo.

¿Ese arreglo es posible?
Ahí no tiene injerencia la Superintendencia de Compañías.

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Terrabienes también acudió al mercado de valores para pedir dinero a inversionistas, emitió obligaciones, ¿cómo controló eso la Superintendencia de Compañías?
Una de las compañías del grupo en su actividad normal emitió obligaciones. Qué significa emitir obligaciones, es crear una deuda comercial con la emisión de papel, papel que se lo vende en el mercado y hay inversionistas que lo pueden realizar, ese inversionista está sujeto a riesgo como cualquier inversión, basado en la información que proporciona la compañía, la compañía proporciona información y los obligacionistas están sujetos como cualquier otro acreedor, en el momento que la compañía tenga utilidades, tenga recursos, le pagará; si no tiene recursos, como en el mercado de valores, todo inversionista lo sabe, está sujeto a un riesgo. Pero las personas que estaban adquiriendo las viviendas, ellos no estaban adquiriendo ningún riesgo, ellos estaban haciendo una opción de compraventa, yo te doy el dinero y tú me das el bien, ellos no tenían por qué asumir ningún riesgo, ellos son los más vulnerables, los que más nos preocupan.

Pero la Superintendencia debe controlar la emisión de obligaciones para que el riesgo que asumen los inversionistas sea menor.
No, en el mercado de valores, y aquí viene el error, aquí y en todas partes del mundo las entidades de control no están para garantizar las inversiones, están para garantizar la información.

¿Qué posibilidades tienen ellos de recuperar su inversión?
Como todo proceso de emisión de obligaciones hay garantías, en este caso de bienes inmuebles, no le podría decir en este momento puntualmente, pero lo estándar, hay la garantía general o la específica sobre un bien determinado. En este caso, por las reuniones que hemos tenido, hay garantías de bienes inmuebles.

Pero Terrabienes no tiene activos...
Pero Terrabienes no es la que emite obligaciones sino el fideicomiso.

¿Y ese fideicomiso qué bienes tiene?
El que le pudo haber transferido en su momento Terrabienes. Efectivamente, en este momento Terrabienes no tiene nada, porque en su momento transfirió al fideicomiso.

¿Cuáles serán las siguientes acciones de la Superintendencia de Compañías?
En estos momentos la Superintendencia de Compañías está, a través de los interventores, recopilando la información, identificando a los acreedores, está en la etapa de organizar la información, y este tiempo ayuda para que la empresa privada logre llegar a un acuerdo con los inversionistas que se hagan cargo del proyecto, si no llega esto, llegaríamos a la segunda o siguiente que sería la disolución de la compañía y para eso están los bienes que en este momento están en una posición de enajenar y cada acreedor ejercería su derecho.​ (I)