Desde hace un año, unos 1.100 clientes de la inmobiliaria Terrabienes se debaten entre plantones y trámites judiciales con la esperanza de poder recuperar la inversión que hicieron para tener su casa propia.

Desde febrero del 2015, la compañía Terrabienes, promotora del plan habitacional Arcos del Río, en el norte de Guayaquil, entró en un proceso de intervención de parte de la Superintendencia de Compañías, debido al incumplimiento en la entrega de las viviendas y al pago de obligaciones pendientes.

“Estamos ejerciendo presión, porque este caso es una conmoción social para 1.200 familias”, dice Kevin Zaruma Rodríguez, dirigente del comité de perjudicados, quien ha liderado los últimos plantones en los que se reclama una solución urgente.

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Terrabienes integra el grupo empresarial Ortega Trujillo, formado por 48 compañías. Este conglomerado enfrenta problemas financieros desde que en junio del 2014 Seguros Bolívar, una de sus empresas, entró en liquidación forzosa y afectó los pagos de otras del grupo, provocando un efecto en cadena que incluyó en el 2015 la intervención de la Superintendencia de Compañías a la concesionaria Anglo Automotriz y a Terrabienes, la disolución de Altoversa S.A., además de la salida de empleados que reclaman sus liquidaciones, quejas de proveedores y juicios de acreedores y clientes.

El drama mayor lo viven quienes invirtieron todos sus ahorros para adquirir una vivienda promocionada por Terrabienes. “Pido que por favor se nos haga justicia, somos 1.200 familias que necesitamos un hogar digno para nuestros hijos”, dice Tanya Terán, quien pagó $ 19 mil, pero que hoy alquila una casa en el suburbio.

Ella y casi un centenar de perjudicados se reunieron el jueves en los exteriores de los terrenos del proyecto Arcos del Río e ingresaron a la etapa habitacional Olivos del Río, donde sobresalían estructuras abandonadas y llenas de maleza crecida.

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En las pancartas que mostraban pedían celeridad en los procesos judiciales iniciados contra los administradores de Terrabienes, los hermanos Fabián y Jorge Ortega Trujillo, este último detenido en marzo.

Hernán Ulloa, abogado de un grupo de afectados, teme que el proceso se dilate con el fin de que caduque la prisión preventiva del detenido. “Han logrado obtener una nulidad en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y eso nos perjudica”, dice Ulloa y critica a la Superintendencia de Compañías: “Tenía que haber hecho el control de estos negocios”.