Talentos de pantalla y empleados recibieron contratos de difusión gubernamental

Empleados, talentos de pantalla de medios incautados o quienes se desempeñaron como asistentes, comunicadores o relacionistas públicos de otras instituciones del sector estatal figuran como contratistas del Estado para difundir publicidad, campañas o programas.

Esto según una muestra que presenta este Diario, tras revisar los 856 contratos que firmaron las entidades del Estado y que alcanzan $ 116 millones en el periodo enero-septiembre.

El Servicio de Contratación Pública (Sercop) recoge los documentos que formaron parte de los procesos contractuales.

Algunas autoridades a quienes se les pidió una entrevista no respondieron, otras señalaron que “la información necesaria sobre los procesos..., se encuentra publicada en el portal del Sercop”, que “los procesos se hicieron con estricto apego a los criterios de eficiencia, transparencia, calidad y responsabilidad” y que, en un caso de parentesco, no hay impedimento legal, “porque la funcionaria no ocupa nivel jerárquico ni cuenta con información privilegiada que pueda beneficiar a la empresa contratada”. (I)

$ 116 millones se dedicaron de enero a septiembre de este año para contratos de difusión y publicidad estatal.

Secom contrata a empresa de empleado de canal incautado

Un contrato por $ 530.640 firmó el 12 de mayo pasado la Secretaría de Comunicación, Secom, con la compañía guayaquileña Bestmedia S.A., para el “servicio de producción de pastillas informativas para mitigar desastres naturales”, según el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop.

El documento lo suscribieron el entonces subsecretario de Comunicación, Pablo Yánez Saltos, y Adela Pino Carranza, gerenta de la contratista.

La compañía Bestmedia S.A., creada en agosto del 2011, se dedica a la “asesoría y asistencia técnica en comunicación, imagen y relaciones públicas”, según datos de la Superintendencia de Compañías, que además registra como accionistas de Bestmedia S.A., a Adela Pino Carranza e Iván Macías Artieda. Este último se desempeñó como servidor público en el Ministerio de Agricultura y actualmente trabaja en canal 10 TC Televisión, medio incautado a los expropietarios de Filanbanco y manejado por la Secom.

Según el contrato, Bestmedia S.A. funciona en la misma oficina que posee Carlos Rabascall Salazar en el edificio El Torreón, en el complejo comercial Puerto Santa Ana, en el norte de Guayaquil. Rabascall desempeña el cargo de talento de pantalla en la empresa pública Ecuador TV Canal 7.

De enero a septiembre de este año, la Secom ha asignado $7,6 millones a la contratación de servicios de promoción del régimen y de sus propuestas, según los registros del Sercop.

Entre las adjudicaciones figura también un contrato de “servicio de locución profesional” con Douglas Argüello Mautong, por $ 43.560 desde el 30 de abril al 31 de diciembre.

Los trabajos incluyen locución de 24 grabaciones, entre ellas las tituladas “Abogado doble moral”, “Fundamedios y AEDP”, “García abogado doble moral”, “Pinoargote consulta inconstitucional”, “Bobil se victimiza”, “Hurtado no a Miami”, “Lasso alternancia en el poder”. A Argüello se lo llamó al teléfono que registra en el contrato, pero ahí se informó que ese número no le pertenecía.

Argüello presta sus servicios a la Secom para locutar las cadenas del Gobierno. También ha sido administrador de las radios incautadas Súper K800 y Carrusel, y ha llevado las relaciones públicas del Ministerio del Trabajo y de María de los Ángeles Duarte, cuando se postuló a la alcaldía de Guayaquil.

Dos de sus hijos han trabajado en canales incautados. (I)

Contrato de Supercom, ligado a una funcionaria

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) adjudicó el 27 de mayo un contrato por $ 937.500 para “la conceptualización, diseño y ejecución de una campaña comunicacional y publicitaria para reforzar el posicionamiento de la Supercom”.

Dos días antes, según el documento subido al portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Supercom invitó a la empresa Más Comunicación Pluscom S.A. para que presentara su oferta.

Esta contratista ofrece asesoría en comunicación, imagen corporativa y relaciones públicas. Según la Superintendencia de Compañías, sus dueños son Carmen Ayala Samaniego y Joe Toapanta Ayala. Este último casado con Janeth Pérez Cadena, funcionaria de la Supercom.

Ella figura como especialista de la Dirección Nacional Jurídica de Reclamos y Denuncias de la Supercom. El 23 de mayo, Pérez firmó el informe en el que la Supercom resolvía archivar el pedido de réplica del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, a unas declaraciones dadas por el presidente Rafael Correa en un enlace sabatino.

La Supercom señaló que para esta contratación se realizó un proceso de preselección con las cotizaciones de siete agencias de publicidad y que cuatro presentaron propuestas. En el portal web del Sercop consta la cotización de Pluscom como la única oferta de este proceso de contratación directa.

También señaló la Supercom que “no existe impedimento legal alguno para la adjudicación del mencionado contrato por la relación de parentesco”, pues “la funcionaria no ocupa nivel jerárquico alguno ni cuenta con información privilegiada que pueda beneficiar a la empresa contratada”. Pluscom S.A. ha recibido dos contratos más, uno en 2014 por $ 1 millón y otro en 2013 por $ 253.831. (I)