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Juez de Pastaza sobreseyó a la activista Margoth Escobar

Fiscal alegó que por ‘incitación’ de acusada se dieron hechos violentos contra uniformados.

PUYO. Margoth Escobar (i) se presentó a la audiencia preparatoria de juicio en su contra por el supuesto delito de ataque o resistencia. La acompañaron familiares y dirigentes de la Conaie. Foto: redaccion

El juez de Garantías Penales de Pastaza, Luis Miranda, dictaminó ayer el sobreseimiento a Margoth Escobar y el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ella por los hechos del 13 de agosto pasado, cuando participó de la movilización convocada por grupos sociales, sindicales e indígenas del país.

La audiencia preparatoria de juicio comenzó a las 08:40 y se reinstaló a las 18:45, donde dio a conocer su resolución. Aclaró que la hacía con objetividad e independencia que le caracteriza a la Función Judicial.

En la audiencia, la Fiscalía de Pastaza pidió al juez que llame a juicio a la activista Escobar, a la que acusó de supuesto “ataque o resistencia a la autoridad”, delito tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su exposición, Maribel Barreño, agente fiscal de Pastaza, pidió que se enjuicie a Escobar por considerar que “lideró las protestas” de agosto.

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La funcionaria relató que, a través de un megáfono, la acusada supuestamente llamaba a unirse a la movilización; esto, adelantó, lo probaría con testimonios de policías y periodistas que presenciaron el hecho.

Y aseguró que por la presunta ‘incitación’ de Escobar se produjeron hechos violentos que derivaron en agresiones en contra de efectivos policiales desplegados para precautelar la seguridad de la población en las inmediaciones de la Gobernación de Pastaza, donde ese día se cumplía el llamado Festival de la Alegría, que fue organizado por el régimen. También dijo que se destruyeron bienes públicos y privados.

El defensor de Escobar, Wilman Jaramillo, cuestionó la forma violenta en que, según él, fue aprehendida por un grupo de mujeres policías. Calificó a este hecho como “atentado a los derechos humanos”.

Señaló que su defendida fue detenida por acogerse al derecho a expresarse al gritar consignas contra el Gobierno.

“Entonces millones de ecuatorianos deberíamos ser juzgados”, dijo el jurista, por lo cual agregó que lo que se hace es “criminalizar la protesta”.

Mientras ocurría la audiencia en la Judicatura, afuera familiares y seguidores de la acusada realizaron un plantón. (I)

Redacción
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