Iván Rodríguez, el funcionario que declaró la caducidad del contrato con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), se adelantó a comentar que en este caso “no procede” una posible acción de repetición por la indemnización que el Estado deberá pagarle a la empresa.

Esto, en comparación con el proceso que el actual régimen pretende entablar contra los diputados que en 2004 votaron por la destitución de varios jueces y contra ciertas autoridades del entonces gobierno de Lucio Gutiérrez.

Rodríguez, quien ejecutó la decisión como ministro de Energía y Minas del presidente Alfredo Palacio, explicó que la repetición “no procede” porque el propio mandatario aprobó el fin del contrato.

Esto ocurrió en mayo de 2006, pero el pago corresponderá al actual gobierno de Rafael Correa.

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La indemnización en favor de Oxy asciende a $ 1.061’775.000, según la resolución final que el Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) adoptó y que notificó a Ecuador el pasado lunes.

Rodríguez criticó el proceso que el Ciadi llevó, pues actuaron “árbitros sin escrúpulos”.

Pero también cuestionó a Oxy por haber ‘irrespetado’ algunos puntos del contrato que firmó con el Estado en 1999.

Por ejemplo, refirió que se establecía que el documento se regía ‘exclusivamente’ por las leyes ecuatorianas, que “la caducidad no era sujeta de arbitraje” y que la petrolera podía acudir ante un tribunal contencioso administrativo.

“Ellos tenían otra opción (de defensa), pero se fueron a un arbitraje que la ley no lo permitía”, insistió Rodríguez.

Remarcó que él aplicó la Ley de Hidrocarburos, que en su artículo 74 indica los motivos para la caducidad de un contrato petrolero. El que se implementó fue por haber traspasado parte de sus acciones a otra empresa, en este caso a la canadiense Encana. (I)