La Corte Constitucional (CC) está por finalizar el proceso de renovación de tres de sus nueve jueces en medio de las críticas de sectores sociales y de trabajadores que han acudido a esta para echar abajo leyes o decisiones judiciales que, según estos, los afectan; o para lograr la aprobación de iniciativas de consultas populares.

Estos reclaman, principalmente, la demora en la resolución de sus peticiones. Alegan injerencias políticas.

Con Patricio Pazmiño en la presidencia en los últimos siete años (primero en la Corte de Transición desde el 2008, y luego en la denominada “primera” Corte elegida en el 2012), la institución es cuestionada por no dar respuesta rápida a casos como el de los trabajadores de la Cervecería Nacional que reclaman el pago de haberes; el Decreto 16, que regula a las organizaciones sociales; las leyes de Aguas y de Justicia Laboral; o pedidos de consulta popular para que no se dé paso a las enmiendas constitucionales.

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Cifras divulgadas por el órgano citan que entre la Corte de Transición y la primera, que abarca un periodo del 6 de noviembre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, ingresaron 7.190 casos. De ellos, el pleno resolvió sobre 800, mientras que en la Sala de Admisión permanecieron 2.616, y en la Sala de Selección, 1.473.

En un último informe, de octubre de 2013 a octubre de 2014, se detalla que llegaron 3.562 casos, de los que apenas en 509 hubo un pronunciamiento.

El litigio de la Cervecería Nacional (CN) reposa hace casi cinco años en la Corte.

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El caso se inició el 22 de julio de 2008: cerca de 160 exempleados de la Cervecería exigieron el pago de las utilidades de 16 años (de 1990 al 2005), monto que, según ellos, ascienden a más de $ 90 millones.

“Nos tienen en el limbo”, reclama Jaqueline Vallejo, procuradora judicial de los extrabajadores, quien explica que la justicia ordinaria les reconoció este pago, pero en abril de 2011 la compañía planteó una acción de protección en la Corte, la que no tiene sentencia.

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“El próximo 5 de noviembre se cumple un año de que Wendy Molina, jueza sustanciadora, entregó el proyecto de sentencia a la Secretaría para que lo ponga en conocimiento del pleno, y el 18 de diciembre de 2014 debió emitirse sentencia, pero hasta ahora nada”, agrega.

La Corte es el máximo organismo de control constitucional y de administración de justicia, pero en ella “hay morosidad”, opina Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, filial del movimiento indígena que ha impulsado, por ejemplo, demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Aguas, al Decreto 16 y sobre la aplicación de la justicia indígena.

“Por último, que nos denieguen derechos, pero hasta ahora no hay sentencias”, dice.

En el caso del Decreto 16, organizaciones como Fundamedios, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas (Cucomitae) y la Ecuarunari pidieron su inconstitucionalidad en noviembre de 2013.

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Carlos Castellanos, líder del Cucomitae, expresa su malestar por el retraso de la Corte en emitir su dictamen. “Esta Corte es sumisa al Gobierno y le queda debiendo a los ecuatorianos”, cuestiona el dirigente.

En abril pasado, la aprobación de la Ley de Justicia Laboral por parte de la Asamblea, generó reclamos por la eliminación del 40 % del aporte estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El Parlamento Laboral y varias asociaciones de jubilados presentaron en mayo pasado una demanda de inconstitucionalidad a la norma, que fue admitida a trámite en agosto.

Su presidente, Fernando Ibarra, reclama que en esto tampoco hay resolución: “Es para mala suerte la institución que menos respeta y responde a los derechos de los ecuatorianos”.

Para frenar las enmiendas, el movimiento Democracia Sí, liderado por Marcelo Larrea, presentó dos pedidos de consulta popular. La CC les negó la primera y ahora esperan que atienda su segundo pedido, pero ya “van seis meses y no hay ningún pronunciamiento”.

A la espera están, también, los movimientos CREO y Pachakutik, con temas similares.

En una entrevista con este Diario, Tatiana Ordeñana, una de las juezas de la CC, niega que estos retrasos tengan alguna motivación política.

Lo atribuye a la gran cantidad de trabajo que tienen los jueces porque aún hay causas represadas desde que existía el Tribunal Constitucional.

“El diseño (de la Corte) es que todo debe aprobarse por pleno. No es lo mismo que el juez en su despacho. Por eso es que hay que ser más prolijos en la admisión”, indica ella y agrega que uno de los desafíos que se planteó esta Corte fue evacuar los procesos represados en la Sala de Admisión.

Reglamento
Para dar ‘agilidad’ al tratamiento de los casos, la jueza Tatiana Ordeñana dice que se modificó el reglamento de Gestión de Procesos para dar seguimiento a las sentencias y así evitar la generación de nuevas demandas de incumplimiento.

Legal
Ordeñana señala que podrían plantear reformas legales para revisar el tipo de casos que deben ingresar a la Corte. “Pero eso es una decisión del pleno”, indica. (I)