La activista Margoth Escobar se presentará hoy ante el juez que conoce su causa con la certeza de que salió del país de manera ‘ilegal’ para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos.

Así lo reconoció ayer en una rueda de prensa que ofreció en su casa en Puyo, Pastaza, y donde explicó por qué evadió el impedimento de salida del país que pesa sobre ella desde hace dos meses.

La Fiscalía provincial la investiga por el presunto delito de “ataque y resistencia” que habría cometido durante una marcha contraria al régimen, el pasado 13 de agosto.

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Escobar relató que recibió una invitación de la CIDH para exponer en una audiencia, y que su abogado pidió tres veces al juez que autorice el viaje, pero que no recibió respuesta.

Contó que recordó cómo fue ‘atropellada’ y ‘maltratada’ cuando fue aprehendida. “Entonces yo me dije: ¿Por qué no irme ilegal, por qué no?”.

Afirmó que no podía perder la ‘oportunidad’ de testificar sobre lo que ocurre en Ecuador con los derechos humanos.

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Admitió que no tuvo problemas al abandonar el país, ni tampoco al ingresar; y volvió a reconocer que ‘evadió’ la ley.

En agosto pasado ella cumplió prisión preventiva durante nueve días. Salió en libertad una vez que el juez de la Unidad Penal de Pastaza, Luis Miranda, le concedió la medida sustitutiva de presentarse ante él dos veces por semana. Los días fijados fueron lunes y viernes.

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Escobar faltó el pasado lunes porque estaba en Washington.

Ese día la CIDH empezó su periodo de sesiones Nº 154 y, entre las audiencias previstas para esa jornada, hubo cuatro de Ecuador.

Escobar participó en una que trató sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.

Habló de su detención; dijo que fue por haber participado en una marcha “en contra de las políticas extractivistas de Rafael Correa”.

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En esa audiencia también admitió que había salido ‘ilegalmente’ de Ecuador; y remarcó: “sé que al regresar al país me espera la cárcel”.

En Washington, Escobar recibió el apoyo de 37 organizaciones agrupadas en la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas.

Ellas suscribieron un documento público en el que piden el “cese de hostigamiento judicial” hacia la activista, y su protección personal.

En la misiva la describen como una señora de 61 años, “defensora de las comunidades indígenas ecuatorianas”. (I)