Una posible disolución de Fundamedios “puede constituirse en un caso emblemático de silenciamiento de una organización, por expresar sus opiniones”, decía ayer Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que agrupa a 22 organizaciones, y que fue confrontado por el equipo de la cadena gubernamental EcuadorTV.

Sánchez acompañó ayer a César Ricaurte, director de Fundamedios, hasta la Secretaría de Comunicación (Secom) para entregar 45 comunicados de grupos de la sociedad civil internacional, así como el pronunciamiento de tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes rechazaron el inicio del trámite de disolución, el pasado 7 de septiembre, bajo el argumento de que estarían haciendo “política”.

Sánchez, un jurista chileno, respondió preguntas de los periodistas. Uno de ellos era José Luis Quinteros, reportero de EcuadorTV, que insistía en saber cuáles eran los estudios que tenía para decir que “hay crisis política”; si Fundamedios hacía activismo político y qué pensaba de los derechos laborales de periodistas despedidos.

El extranjero recordó el respeto al trabajo periodístico, pero el personal de EcuadorTV y de la agencia Andes ironizaron sus comentarios, y decían “sus estudios no lo demuestran”, “no conoce esa realidad”.

El ambiente se tensó y los activistas decidieron irse. Fueron grabados por la prensa pública hasta llegar a su automóvil.

Minutos antes, Sánchez resaltó la preocupación de los relatores de la ONU y la CIDH, pues “evidencian la grave violación a los derechos humanos” que provoca este procedimiento”. “Se están violando una serie de normas del debido proceso, donde no hay acceso a un juez imparcial; las causales son ambiguas y generan discrecionalidad”, explicó.

El plazo para que Fundamedios presente pruebas concluyó el jueves. Mediante correo electrónico, el titular de la Secom, Fernando Alvarado, explicó: “Una vez recibido el descargo, hay que analizarlo, podría ser necesario solicitar más información o aclaración (no me estoy refiriendo a este caso en particular, sino en general), es decir, es un proceso administrativo como otro”.

“No podría dar una respuesta de cuándo exactamente se daría una resolución. Lo que sí puedo adelantar es que actuaremos en estricto equilibrio entre obligaciones y derechos instrumentados en las normas y estatutos”, agregó. (I)

La opinión política es un derecho protegido por el Sistema Interamericano; la actividad política es un acto distinto que tiene que ver con el acto eleccionario. El proceso vulnera los estándares internacionales.Moisés Sánchez, Alianza Regional